Alrededor de 75 organizaciones de la sociedad civil, colectivos, redes académicas y varias personas defensoras de derechos humanos emitieron hoy un comunicado conjunto en el que demandan que se garantice el debido proceso en la audiencia de vinculación a proceso que enfrentará el activista Luis García Villagrán, acusado del delito de delincuencia organizada en modalidad de tráfico de personas, tras su detención el pasado 5 de agosto en Tapachula, Chiapas.
El escrito denuncia que, desde su captura, García Villagrán ha sido criminalizado desde la tribuna presidencial, lo que viola el principio constitucional de presunción de inocencia y ejerce una presión indebida sobre el proceso judicial.
Luis García Villagrán
Luis García Villagrán es un defensor de derechos humanos con trayectoria en la frontera sur; en 2007 enfrentó un proceso penal en el que fue víctima de tortura y violaciones a garantías procesales, del cual salió libre tras un acuerdo de solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde 2019 es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El contexto político de su detención es relevante: ocurrió en un clima de presiones y negociaciones con Estados Unidos para contener los flujos migratorios, y un día antes del inicio de una caravana migrante en Tapachula, que el defensor impulsaba para visibilizar la falta de mecanismos institucionales de regularización migratoria.
Exigencias de organizaciones
El comunicado advierte que esta detención se enmarca en un patrón global de criminalización de la labor solidaria y de defensa de derechos. Esa tendencia —alertan las organizaciones— pone en riesgo no solo a activistas como García Villagrán, sino el derecho legítimo a defender, denunciar injusticias, oponerse al poder o organizar respuestas frente a crisis humanitarias.
Las organizaciones exigen, entre otros puntos:
- Garantizar un debido proceso libre de interferencias o estigmatización mediática.
- Respetar la presunción de inocencia, evitando narrativas que lo condenen antes de un fallo judicial.
- Que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial actúen con independencia y apego estricto a derecho.
- La libertad inmediata, si no existen pruebas claras que justifiquen su detención, además de asegurar su integridad física y moral.
- Que se respete su derecho a defender los derechos humanos.
Este posicionamiento, respaldado por más de cien firmas de organismos, colectivos y académicos, subraya la preocupación por el uso de mecanismos judiciales como herramientas de disuasión frente a la defensa de migrantes, y llama a no normalizar la instrumentalización del sistema penal como represalia ante la denuncia de prácticas institucionales defectuosas o injustas.
