El día de hoy, organizaciones como Artículo 19, Amnistía Internacional, Data Cívica, Fundar y Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana se pronunciaron contra las leyes recientemente aprobadas por el Legislativo que incluyen la Ley de la Guardia Nacional y las reformas a las leyes secundarias en la materia.
Rechazo enérgico a las reformas
Las organizaciones expresan su rechazo enérgico ante estas reformas, pues legalizan la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas, al facultar a la Sedena para procesar y usar información para actividades de inteligencia por “motivos de seguridad nacional”, sin que existan salvaguardas ni controles para estas atribuciones, además de haber eliminado el requisito de autorización judicial para que la Guardia Nacional acceda a los datos.
“La vigilancia ilegal y abusiva por parte de las fuerzas armadas es una práctica reiterada que hemos advertido y documentado de forma contundente -como lo revela la investigación Ejército Espía– y que se ha llevado a cabo selectivamente en contra de periodistas, defensoras de derechos humanos, investigadoras e incluso funcionarios públicos. En dichos casos, la impunidad es absoluta”.
Otro punto de alerta es que se autoriza que la Guardia Nacional realice operaciones encubiertas, “a pesar de que apenas en 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó que realizara ese tipo de labores, por considerar que se trataba de una técnica de investigación que podría dar lugar a la obtención de pruebas ilícitas, violar los derechos a la privacidad y a la no incriminación, y que era desproporcionada con relación a los beneficios que se obtendrían”.
Violación a la privacidad
Entre las modificaciones se encuentran varias que pueden atentar seriamente contra los datos personales pues se ordena la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, para que las autoridades accedan a ellas sin los controles necesarios, así como facultades de acceso irrestricto para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); se impone la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios públicos y privados, y una Plataforma Única de Identidad para validar, monitorear y gestionar la identidad de todas las personas en México con consultas en tiempo real, y advierten que:
La reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión profundiza el sistema de vigilancia y violación a la privacidad que existía a partir de la ley vigente, al mantener el sistema de acceso a datos conservados y geolocalización en tiempo real sin controles judiciales y sin especificar las autoridades facultadas para ello. Además, el último dictamen incorpora a las “instancias de inteligencia” de manera amplia con la facultad de acceder a esos datos de manera irrestricta, sin transparencia y sin posibilidad alguna de rendición de cuentas.
Todas estas modificaciones, consideran, “son una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático” por lo que manifiestan su rechazo enérgico.
También hicieron un llamado a la Cámara de Diputados “para rechazar las demás legislaciones que se aborden, al Senado de la República para desechar las que les sean turnadas, y al Congreso de la Unión en su conjunto a recordar que su función es servir a los derechos de la población”.
