El debate sobre el futuro democrático de América Latina volvió a colocarse en el centro de la agenda académica y política durante el seminario “Derechos humanos, democracia y Estado de Derecho (Ius Constitucionale Commune en América Latina)”, convocado por El Colegio Nacional en coordinación con la UNAM, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado e Internacional con representantes del mundo académico de 11 países: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y México.
Durante dos días, especialistas de once países analizaron la situación de la región, marcada por crisis múltiples: desigualdad estructural, corrupción persistente, violencia generalizada y un preocupante déficit democrático que amenaza con abrir paso a opciones autoritarias.
Un constitucionalismo común para enfrentar la crisis
El concepto de Ius Constitucionale Commune fue uno de los ejes del encuentro. Para Diego Valadés, miembro de El Colegio Nacional y coordinador del seminario, se trata de un movimiento que busca fortalecer un derecho constitucional común en América Latina, entendiendo que los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho son “indisolubles” y constituyen la columna vertebral de sociedades justas y libres.
La propuesta, en palabras de Mariela Morales, investigadora del Instituto Max Planck y coordinadora del proyecto ICCAL, es avanzar hacia un “constitucionalismo transformador”. Este enfoque, recordó, hunde sus raíces en la Constitución mexicana de 1917, precursora del constitucionalismo social, y busca que la norma no sea letra muerta, sino un instrumento vivo para responder a crisis y desigualdades históricas.
Una “policrisis” latinoamericana
Morales advirtió que la región enfrenta lo que denominó una “policrisis”. No solo conviven problemas tradicionales como la pobreza y la desigualdad —América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta—, sino que se suman nuevas amenazas: la emergencia climática, los desafíos digitales y la persistencia de la violencia organizada.
En este contexto, la académica llamó a no encerrar la discusión en los muros universitarios, sino a abrirla a un público más amplio: “El derecho puede transformar las realidades, pero necesita comunicarse con la sociedad y convertirse en una herramienta de cambio tangible”.
Crisis de la democracia representativa
Por su parte, José María Serna de la Garza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue categórico al señalar que tanto la democracia como los derechos humanos y el Estado de derecho están “asediados” en la región. La corrupción, la impunidad y la brecha creciente entre gobernantes y gobernados han generado un desgaste en la legitimidad de las instituciones.
Esta erosión, sostuvo Serna, ha abierto espacio a proyectos políticos que se presentan como alternativas al sistema democrático representativo, pero que en la práctica muestran un “claro tinte autoritario”. Frente a ello, insistió en la necesidad de repensar conceptos y marcos institucionales para renovar la democracia y fortalecer la confianza ciudadana.
Déficit democrático y riesgo autoritario
El diagnóstico fue compartido por Valadés, quien subrayó que la desigualdad, la pobreza y la corrupción han configurado un déficit democrático que, de no atenderse, alimenta la tentación del autoritarismo. “La corrupción y la impunidad están entre los ingredientes que afectan sensiblemente las características del Estado constitucional en nuestro hemisferio”, apuntó.
Este déficit, agregó, no puede resolverse con soluciones homogéneas, ya que cada país enfrenta particularidades distintas. Sin embargo, insistió en la importancia de reconocer problemas comunes y de articular respuestas a través de marcos normativos y jurisprudenciales compartidos.
Un esfuerzo internacional y académico sostenido
El seminario no fue un hecho aislado. Desde hace más de dos décadas, el Instituto Max Planck de Heidelberg ha impulsado en América Latina debates y encuentros académicos sobre derecho constitucional. A la fecha, se han realizado 328 coloquios, más de 40 publicaciones y una veintena de seminarios anuales, consolidando una red de reflexión regional.
Los participantes destacaron que este esfuerzo colectivo busca incidir en la formación de nuevas generaciones de juristas. En ese marco, la Facultad de Derecho de la UNAM incorporará una asignatura vinculada al proyecto ICCAL, con el fin de dotar a los estudiantes de herramientas críticas para enfrentar los dilemas actuales.
Un llamado a la acción
Al concluir, los especialistas coincidieron en que los desafíos de la región exigen no solo diagnósticos, sino compromisos concretos. La agenda de derechos humanos, democracia y Estado de derecho, señalaron, debe asumirse como un proyecto de transformación social frente a los riesgos de retrocesos autoritarios.
El seminario dejó una advertencia clara: América Latina se encuentra en una encrucijada. El camino hacia sociedades más libres y justas dependerá de la capacidad de gobiernos, instituciones y ciudadanía para renovar la confianza en la democracia, fortalecer el Estado de derecho y garantizar los derechos humanos como núcleo de la vida pública.
Las reflexiones completas del seminario puedes verlas aquí:
