El 11 de septiembre de 2025 fue confirmado el nombramiento de la abogada Martha Lidia Pérez Gumecindo como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en sustitución de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, cuya designación en octubre de 2023 también generó críticas por su cercanía con la Cuarta Transformación y por su falta de experiencia en la materia. La llegada de Pérez Gumecindo se da en medio de denuncias de acarreo, presiones políticas y un proceso de selección calificado por colectivos de víctimas y organizaciones civiles como poco transparente.
¿Quién es Pérez Gumercindo?
Pérez Gumecindo es licenciada en Derecho por la Universidad del Golfo y cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal y Criminología en el Centro de Estudios de Posgrado de Xalapa. Su trayectoria institucional inició en la Fiscalía General del Estado de Veracruz en 2010, donde se desempeñó como agente del Ministerio Público, fiscal de distrito en Poza Rica, fiscal regional en Córdoba y fiscal de investigaciones ministeriales. En noviembre de 2019 fue nombrada titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas en Veracruz, cargo que ocupó durante ocho meses. En agosto de 2020 ingresó a la Fiscalía General de la República como jefa de supervisión en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, y en abril de 2022 asumió la titularidad de esa misma fiscalía. Se le identifica como cercana a Sara Irene Herrerías, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exfiscal especializada en materia de derechos humanos.
La veracruzana Martha Lidia Pérez Gumecindo fue nombrada por @SEGOB_mx como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Su salida de la @FGE_Veracruz en 2020 estuvo rodeada de acusaciones de corrupción y denuncias de revictimización a buscadoras. pic.twitter.com/8L299Pdtga
— Félix Márquez (@felyxmarquez) September 11, 2025
Opacidad e irregularidades en su elección
El proceso de selección inició el 8 de agosto de 2025, cuando la Secretaría de Gobernación publicó las bases para el nombramiento. Entre el 13 y el 19 de agosto se recibieron postulaciones a través de un micrositio habilitado por la dependencia. De un total de mil 155 registros, 76 fueron propuestas únicas. Treinta y tres personas aceptaron formalmente las postulaciones, aunque solo 27 cumplieron los requisitos legales para participar. Finalmente, 26 asistieron a las entrevistas realizadas entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre. Las entrevistas estuvieron a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y de Froylán Enciso, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de Segob. Sin embargo, se llevaron a cabo a puerta cerrada, sin transmisión ni acceso público, y los criterios de evaluación, las preguntas y la identidad de los entrevistadores se hicieron públicos apenas antes de la designación. Esto alimentó las denuncias de opacidad, pues las familias de personas desaparecidas y las organizaciones civiles no pudieron dar seguimiento real al proceso ni verificar su imparcialidad.
Las irregularidades no se limitaron a la falta de transparencia. Javier Ignacio Díaz Ballesteros, director general de Acciones de Búsqueda de la CNB y aspirante al cargo, fue señalado de presionar a sus subordinados en la Comisión y en la Red Nacional de Personas Buscadoras para que lo postularan como candidato, bajo la amenaza de que sus contratos no serían renovados si no lo hacían. También se denunciaron ofrecimientos de ascensos o recontrataciones como incentivos. Estas prácticas fueron descritas por colectivos como acarreos disfrazados de apoyo institucional, lo que ensombreció aún más la legitimidad del proceso. A ello se sumó el descontento de las familias, quienes consideraron que el micrositio abierto para comentarios no garantizó incidencia real en la decisión final. Señalaron la falta de diálogo directo, la ausencia de transparencia en la evaluación y la percepción de que los planes de trabajo de las y los candidatos eran ignorados en favor de intereses políticos.

Las reacciones frente a la designación de Pérez Gumecindo han sido encontradas. Algunas familias de víctimas, como Yoltzi Martínez Corrales, hermana de una mujer desaparecida, manifestaron respaldo y destacaron que la nueva comisionada cuenta con experiencia, formación académica y antecedentes de investigación que podrían contribuir a destrabar casos rezagados. Sin embargo, otras voces cuestionaron su gestión en Veracruz, cuando encabezó la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas, donde se registraron deficiencias como investigaciones estancadas, estructuras institucionales débiles, carencia de análisis de contexto y personal que revictimiza a las familias. Un informe del Grupo de Trabajo para la Alerta de Violencia de Género contra niñas, adolescentes y mujeres en Veracruz documentó que dicha fiscalía carecía de informes adecuados, judicializaciones de casos, atención psicosocial y certificaciones, además de contar con una débil capacidad institucional.
Sus ejes de gestión
En su toma de protesta, realizada el 12 de septiembre, Pérez Gumecindo delineó algunos de sus ejes de gestión. Prometió reconstruir la confianza con las familias de personas desaparecidas y con la ciudadanía, realizar un diagnóstico de la CNB para revisar el uso de recursos humanos y materiales, fortalecer la colaboración con la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las comisiones locales de búsqueda, y mantener una política de puertas abiertas hacia los colectivos de víctimas. También anunció su intención de convocar al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y de trabajar de cerca con el nuevo Consejo Nacional Ciudadano.
El reto que enfrenta es enorme. La CNB no solo debe coordinar acciones técnicas de búsqueda, sino también ser un canal legítimo de interlocución con las víctimas. La falta de transparencia en el proceso de selección mina esa legitimidad desde el inicio. Aunque Pérez Gumecindo llega con experiencia institucional, también arrastra señalamientos de haber formado parte de estructuras con prácticas deficientes y poco efectivas. Su principal desafío será demostrar que su nombramiento responde a la urgencia de atender con seriedad y eficacia la crisis de desapariciones, y no únicamente a acuerdos políticos o a afinidades personales. Las familias de personas desaparecidas han sido claras: esperan resultados tangibles, búsquedas reales y un trato digno que coloque en el centro sus voces y necesidades.