El Senado aprobó de manera acelerada la reforma a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En una maratónica sesión, que concluyó pasada la media noche, con el rechazo de todas las reservas presentadas por la oposición, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo, en lo que la oposición calificó como un atropello legislativo. Morena, PT y PVEM sacaron adelante el dictamen en una sola jornada, a pesar de que apenas días antes habían concluido las audiencias públicas donde especialistas alertaron sobre los riesgos de esta iniciativa. La decisión coincidió con el primer aniversario de Claudia Sheinbaum en la Presidencia, lo que para muchos significó un gesto de respaldo político más que un debate de fondo.
Pasadas las 5 de la tarde comenzó el debate en el pleno del Senado, donde se dieron los posicionamientos de cada una de las bancadas, luego la discusión en lo general con las posturas a favor y en contra del tema. A pesar del rechazo de la oposición con 76 votos a favor de Morena y aliados, así como 39 en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, la asamblea avaló las reformas en lo general. En lo particular fue con 70 votos a favor y 39 en contra.
En la discusión de las reservas a la iniciativa, Morena y aliados dieron luz verde a una modificación para incluir el principio de retroactividad en los juicios.
Esta reforma fortalece al poderoso y debilita a los vulnerables: Colosio
La voz más crítica dentro del pleno fue la del senador Luis Donaldo Colosio, quien advirtió que el corazón de la reforma es limitar derechos que durante años han servido para proteger a quienes menos tienen. Recordó que la figura del interés legítimo permitió justicia en casos tan sensibles como la reapertura de la investigación de Ayotzinapa, la suspensión de una planta de cianuro en Durango y el acceso a tratamientos médicos para niños con cáncer. Al restringir esa figura, dijo, se cierra la puerta a la defensa de derechos ambientales, sociales y culturales. Mencionó que también restringe suspensiones en casos de inteligencia financiera, deuda pública y prisión preventiva, y que exige garantizar créditos fiscales para obtener suspensión, lo que excluye a quienes no tienen recursos. El senador concluyó que “El espíritu del amparo es proteger a las personas frente al poder del Estado. Esta reforma fortalece al poderoso y debilita a los vulnerables”, advirtió con severidad, colocando el debate en el terreno de la justicia social más que en el técnico.
Preocupación de especialistas
Esa misma preocupación fue compartida por activistas y especialistas fuera del Senado. Israel Rivas, representante de padres de niños con cáncer, denunció que la reforma equivale a “un terrible atraco” y acusó directamente a Morena y a la presidenta Sheinbaum de atentar contra la defensa de los derechos humanos. Con tono de indignación, advirtió que con esta reforma muchos amparos que hasta ahora permitían suspensiones provisionales se vendrán abajo, lo que en casos como el de los tratamientos oncológicos infantiles puede significar el incumplimiento de terapias vitales.
En la misma línea, el abogado José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Perteneces AC, sostuvo que el discurso oficial de modernización es solo un disfraz. Para él, la esencia de la reforma es “un cerco contra la ciudadanía”. Aunque el texto suaviza algunos aspectos del interés legítimo, lo central se mantiene: limitar la capacidad de las personas para defenderse del poder. En su análisis, el golpe más fuerte está en el terreno de las suspensiones: si la Unidad de Inteligencia Financiera congela cuentas, ya no habrá medidas cautelares que permitan sobrevivir; si se revoca un permiso, un negocio tendrá que cerrar sin remedio; si se trata de deuda pública, la autoridad tendrá siempre la ventaja. El saldo, afirma, es un amparo debilitado que deja a la gente desprotegida en un país donde la arbitrariedad es la norma.
Jorge Sepúlveda, primer vicepresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la calificó como “Una reforma regresiva”, pues se eliminan derechos de los ciudadanos.
Con estas voces, el debate trasciende la técnica legislativa y se convierte en un reflejo de la disputa entre el poder político y la sociedad civil. Mientras el oficialismo celebra un logro legislativo, Colosio, Rivas, De la Garza y partidos de oposición dibujan un panorama alarmante: el de un país donde el amparo, antes barrera contra el abuso del Estado, corre el riesgo de convertirse en un trámite sin fuerza real.
