Una investigación del periodista Jorge García Orozco, que había sido difundida anteriormente y retomada por distintos medios nacionales, reveló que Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, hijo del entonces dirigente de Morena y hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador, firmó entre 2016 y 2018 varios contratos con el Senado de la República por servicios de asesorías legislativas que sumaron más de 600 mil pesos. Los documentos oficiales indican que López Beltrán habría cobrado 615 mil pesos por trabajos de investigación, recopilación y análisis legislativo. En su momento, las solicitudes de transparencia realizadas al propio Senado no arrojaron evidencia alguna sobre los informes, entregas o documentos que acreditaran la realización de dichos servicios. El día de hoy, García Orozco publicó los contratos emitidos para Andy.
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El caso se inserta en una discusión más amplia sobre la participación de hijos y familiares de políticos de Morena en puestos gubernamentales o en contratos financiados con dinero público. Uno de los ejemplos más recientes es el de Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, cuyos hijos también fueron contratados por el Senado y por la Cámara de Diputados. De acuerdo con los reportes revisados por el propio García Orozco, su hijo Adán Payambé López Estrada recibió un contrato por 60 mil pesos mensuales entre enero y junio de 2019 para realizar labores de asesoría e investigación legislativa. Su hermano, Augusto Andrés López Estrada, trabajó como asistente del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, percibiendo alrededor de 35 mil pesos mensuales entre 2022 y 2024, pese a que aún no había concluido su carrera universitaria en Derecho.
Ambos casos despertaron cuestionamientos sobre posibles actos de nepotismo. Los críticos sostienen que los hijos de altos funcionarios accedieron a cargos y sueldos que difícilmente obtendrían sin el respaldo político de sus padres. A ello se suma la opacidad sobre los productos o resultados concretos de las asesorías contratadas. Las defensas oficiales argumentan que los jóvenes cumplían con las funciones asignadas y que no hay irregularidades administrativas, aunque los organismos de control no han hecho públicas auditorías que lo confirmen.
El periodista Jorge García Orozco también ha señalado situaciones similares en torno a figuras como Gerardo Fernández Noroña, actual senador de la República. Según sus reportes, algunos familiares del legislador —particularmente su hermana— figuraban en documentos y oficios relacionados con actividades financiadas con dinero público, lo que alimenta la narrativa de una “nómina paralela” o de favoritismo dentro del aparato legislativo. También está el caso del hijo del senador guinda, quien cobra en la nómina de la CFE.
El trasfondo común en todos estos episodios es el cuestionamiento a la coherencia del discurso político de Morena, partido que llegó al poder prometiendo erradicar el nepotismo y la corrupción. Los casos de Andy López Beltrán y de los hijos de Adán Augusto López Hernández son vistos como una contradicción respecto a las políticas de austeridad y transparencia que impulsó el propio presidente López Obrador. La falta de rendición de cuentas efectiva y la escasa información pública sobre los resultados de los contratos fortalecen la sospecha de que se trata de prácticas heredadas de los viejos sistemas políticos que Morena prometió transformar.
Y aunque estos meses Andy López Beltrán ha mantenido un perfil político discreto, producto de los escándalos en los que se ha visto envuelto, vuelve a estar en el centro del debate sobre ética pública y rendición de cuentas. En un país donde los vínculos familiares en el poder han sido una constante, este nuevo episodio expone una vez más el reto que enfrenta la llamada Cuarta Transformación: demostrar que la promesa de cambio va más allá del discurso.
