Tres cooperativas de limpieza constituidas a principios de 2026 obtuvieron contratos públicos por un monto máximo conjunto de 76 millones 218 mil 388 pesos apenas dos meses después de haber sido creadas, mientras que trabajadores que aparecen como socios aseguraron desconocer los montos de los convenios firmados a su nombre y no tener control sobre las cuentas bancarias de las organizaciones.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que las cooperativas fueron constituidas ante Catalina Monreal Pérez, directora general del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), y posteriormente recibieron contratos por adjudicación directa de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

De acuerdo con la investigación, las cooperativas Dehe Sak Agua Limpia y Juntos por la Limpieza y el Bienestar fueron constituidas el 27 de enero de 2026, mientras que Bienestar de Limpieza y Buen Servicio fue creada el 18 de febrero del mismo año. En los meses siguientes, las tres organizaciones obtuvieron contratos para prestar servicios de limpieza a dependencias federales.

El contrato de mayor monto fue otorgado a Dehe Sak Agua Limpia por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno el 31 de marzo de 2026, con una vigencia de nueve meses y un monto máximo de 50 millones 559 mil 969 pesos. La cooperativa había sido constituida apenas dos meses antes.

Juntos por la Limpieza y el Bienestar recibió contratos relacionados con servicios de limpieza por un monto conjunto de 10 millones 465 mil pesos, de acuerdo con la base de datos de contrataciones públicas ComprasMX. Uno de ellos fue suscrito el 31 de marzo de 2026 con el DIF por 5 millones 140 mil pesos, mientras que otro contrato alcanzó un monto de 5 millones 410 mil 541 pesos, según la documentación revisada por MCCI.

Por su parte, Bienestar de Limpieza y Buen Servicio, constituida el 18 de febrero, firmó el 10 de abril de 2026 un contrato por 20 millones 247 mil 878 pesos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Las contrataciones formaron parte de la denominada Estrategia de Compras Públicas Sostenibles, mediante la cual el Gobierno federal busca incorporar a cooperativas y organismos del sector social como proveedores de bienes y servicios. La iniciativa plantea que trabajadores que anteriormente laboraban para empresas privadas de limpieza puedan organizarse en cooperativas y convertirse en sus propios patrones.

Sin embargo, la investigación de MCCI encontró que, en al menos uno de los casos, el funcionamiento de las cooperativas no se ajustaría a esa lógica de autonomía, pues los socios consultados señalaron que el INAES mantiene el control de cuentas bancarias, contratos y diversos aspectos administrativos y financieros.

Trabajadores que aparecen como socios de las cooperativas dijeron a MCCI que fueron persuadidos desde septiembre de 2025 para renunciar a sus empleos con la promesa de que formarían sus propias empresas y dejarían de depender de un patrón privado. A principios de 2026, algunos de ellos dejaron sus puestos de trabajo y, por instrucciones del INAES, solicitaron préstamos por tres millones de pesos ante la Financiera para el Bienestar (FINABIEN) para poner en marcha sus sociedades cooperativas.

Uno de los trabajadores entrevistados, cuya identidad fue protegida bajo el nombre de Marco, relató que los integrantes recibieron el cheque correspondiente al préstamo y posteriormente lo entregaron a personal del INAES. Según su testimonio, después se les informó que el dinero había sido utilizado para adquirir maquinaria y uniformes, pero los socios no habían recibido comprobantes de esos gastos.

“Yo no recibí ese dinero, ni lo otro, los 3 millones de FINABIEN; yo firmé pero no recibí lo del préstamo”, relató el trabajador en una conversación documentada por MCCI.

La investigación también señala que personal del INAES habría instruido a integrantes de las cooperativas sobre qué responder en caso de que fueran cuestionados por periodistas acerca de los contratos y del manejo de los recursos.

Los propios trabajadores consultados aseguraron además que no fueron informados oportunamente sobre la constitución de las cooperativas ni sobre algunos de los contratos firmados a su nombre. En los documentos contractuales aparecen sus nombres como representantes, pero, según sus testimonios, las firmas electrónicas de las personas morales eran administradas por personal del INAES.

“Obviamente sale tu nombre porque tú eres la representante, pero ni siquiera tú lo firmaste”, se escucha en uno de los testimonios citados por la investigación.

La investigación también documentó que los socios no tendrían acceso directo a las cuentas bancarias de las cooperativas. De acuerdo con una llamada telefónica citada por MCCI, personal del INAES confirmó que una cuenta bancaria abierta a nombre de una cooperativa era administrada por el Instituto y su equipo contable.

“¿Quién maneja la cuenta ahorita que está pagando?”, preguntó uno de los trabajadores.

“El INAES con el equipo contable”, respondió una funcionaria, según la investigación.

En otra parte de la conversación, la funcionaria explicó que el Instituto administraba los recursos y que contadores se encargaban de asuntos financieros, administrativos, pagos a FINABIEN, compra de maquinaria, seguridad social y otros trámites.

Los trabajadores cuestionaron entonces si el INAES estaba funcionando como su patrón. La respuesta oficial fue que el Instituto únicamente los estaba acompañando y que, en una etapa posterior, los socios asumirían el control administrativo y financiero de sus propias empresas. Según la explicación citada por MCCI, el proceso de transición podría tomar aproximadamente un año y medio.

Uno de los socios resumió la situación de manera distinta: “Ellos solo llegan y nos piden que firmemos papeles pero no nos dejan leerlos y aunque les hemos pedido copias no nos las dan. La verdad solo cambiamos de patrón y ahora el INAES es el que nos paga”.

La investigación también cuestionó el mecanismo utilizado para justificar algunas de las adjudicaciones directas. En el caso del contrato por más de 50 millones de pesos otorgado a Dehe Sak Agua Limpia, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realizó el 27 de marzo de 2026 un estudio de mercado en el que identificó como potenciales proveedores a las tres cooperativas.

El problema señalado por MCCI es que, para ese momento, las tres organizaciones eran de reciente creación y aún no habían comenzado a operar con contratos públicos. Dehe Sak recibió su contrato cuatro días después, el 31 de marzo.

Un mecanismo similar habría sido utilizado en una contratación de la Secretaría del Trabajo, que comparó cotizaciones de las mismas cooperativas recién creadas.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó públicamente la contratación de Dehe Sak como parte de la Estrategia de Compras Públicas Sostenibles. En un comunicado difundido el 6 de abril, la dependencia sostuvo que el Gobierno de México busca utilizar el poder de compra del Estado como una herramienta para impulsar el desarrollo económico, la generación de empleo y el bienestar mediante la incorporación de cooperativas y organismos del sector social como proveedores.

No obstante, la investigación de MCCI plantea dudas sobre el nivel de autonomía real de las cooperativas, debido a que los socios entrevistados afirmaron que el INAES administra recursos, controla cuentas bancarias y participa en la firma de contratos que formalmente corresponden a las propias sociedades.

De acuerdo con el marco legal revisado por MCCI, las atribuciones del INAES incluyen identificar, certificar, registrar, capacitar, asesorar y fortalecer a cooperativas y organismos del sector social. La institución también puede certificar actas constitutivas y mantener registros relacionados con las sociedades cooperativas.

Sin embargo, la investigación sostiene que las leyes aplicables no otorgan al INAES facultades para administrar directamente las cuentas bancarias de las cooperativas, manejar sus recursos financieros, autorizar pagos o transferencias ni firmar contratos en su nombre.

Incluso en los casos en que una cooperativa recibe un subsidio o apoyo gubernamental específico, la intervención del Instituto estaría limitada a la supervisión del uso de los recursos públicos, sin que ello implique asumir la administración cotidiana de la organización o sustituir a sus órganos de gobierno.

Pese a ello, los trabajadores consultados afirmaron que el INAES mantiene el control de cuentas y recursos vinculados con las cooperativas, incluidos los préstamos solicitados ante FINABIEN para iniciar sus operaciones.

La investigación también señala que las tres cooperativas fueron constituidas ante Catalina Monreal Pérez, hija del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila. Las actas constitutivas consultadas aparecen certificadas por Monreal en su calidad de directora general del INAES.

MCCI solicitó la postura del INAES y de Catalina Monreal respecto de los hallazgos de la investigación, tanto por vía telefónica como mediante correos electrónicos dirigidos también a Azucena Hernández López, coordinadora general de Finanzas Populares. Hasta el cierre de la investigación, el Instituto no había respondido a las solicitudes de información.

El caso coloca bajo escrutinio la implementación de la estrategia federal para incorporar cooperativas sociales a las compras públicas, particularmente por la rapidez con la que tres organizaciones de reciente creación obtuvieron contratos millonarios y por los testimonios de trabajadores que aseguran no conocer los montos reales de los acuerdos firmados a nombre de sus cooperativas ni tener control sobre los recursos que, en teoría, deberían administrar como sus propios patrones.

La investigación plantea así una pregunta central sobre el modelo impulsado por el Gobierno federal: ¿las cooperativas creadas para que trabajadores de limpieza se conviertan en dueños de sus propias empresas están operando realmente de manera autónoma o el Estado terminó ocupando el lugar del patrón que se prometió dejar atrás?