En la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la diputada duranguense Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, llamó a replantear la política eléctrica del país para garantizar acceso universal a la electricidad y avanzar hacia fuentes limpias.
Su intervención se dio durante la comparecencia de la directora general de la CFE, Emilia Ester Calleja Alor, en la que se discutió el plan de expansión y el presupuesto de la empresa estatal.
“La electricidad no puede seguir siendo un privilegio; debe ser un derecho garantizado para el pueblo de México”, afirmó la legisladora.
Flores destacó que la inversión eléctrica sigue concentrada en zonas ya electrificadas, mientras que muchas comunidades rurales permanecen sin acceso a la red ni a conectividad.
Al cuestionar el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030, que contempla 42,000 obras por 14,000 millones de pesos, señaló la insuficiencia de recursos para atender a los estados con más hogares sin luz, como Chihuahua y Chiapas.
“¿Por qué hay estados prácticamente electrificados que reciben más recursos por hogar que los que siguen sin luz?”, cuestionó.
La legisladora enfatizó la urgencia de una transición energética real, ante la dependencia del 80% de la CFE de combustibles fósiles, mientras que solo el 18% proviene de fuentes renovables.
“México no puede seguir con un modelo energético del siglo pasado. Necesitamos una CFE que apueste por energías limpias, por cerrar brechas territoriales y por un servicio digno para todas y todos”, expresó.
En su intervención, Flores también criticó el presupuesto 2026 de la CFE, de 602,000 millones de pesos, al advertir que no sigue el ritmo de la demanda ni de los retos del sistema eléctrico nacional, y alertó sobre posibles interrupciones como las registradas en la Península de Yucatán, Chihuahua y Chiapas.
Sobre el programa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, la diputada pidió mayor transparencia y acceso a información pública sobre comunidades conectadas y la calidad del servicio. Indicó que “no existe información pública clara” sobre cuántas comunidades están conectadas ni cómo se garantiza la calidad y tarifas accesibles del servicio.
Flores también defendió la descarbonización como una medida de seguridad económica y social.
“Descarbonizar no es solo un tema ambiental; es una responsabilidad económica y social. Un país que depende del gas importado es un país vulnerable”, añadió.
Por su parte, Emilia Calleja Alor detalló que el Programa de Justicia Energética 2025–2028 contempla 42,221 obras de electrificación con 18,916 millones de pesos en los 32 estados y que la meta es alcanzar el 99.9% de cobertura eléctrica para 2030.
La directora señaló que la CFE ha reducido 5.37 millones de toneladas de CO₂ y proyecta lograr el 38% de generación limpia mediante centrales de ciclo combinado, hidroeléctricas modernizadas y plantas solares con almacenamiento.
Para Patricia Flores, la transición energética debe enfocarse en equidad, sostenibilidad y acceso universal, más allá de los megawatts generados.
“El objetivo no es castigar a nadie, sino construir juntos un modelo sostenible, con responsabilidad y con la gente al centro”, concluyó.
