Durante su participación en la mesa “Vivienda comunitaria y social”, la arquitecta Fernanda Canales lanzó una advertencia contundente: México enfrenta una paradoja urbana sin precedentes. Pese a la enorme carencia habitacional que afecta a millones de personas, existen al menos cinco millones de viviendas abandonadas en todo el país. El fenómeno, explicó, obedece a la falta de planeación integral y a la desvinculación entre los proyectos de vivienda y los servicios básicos como transporte, agua, drenaje o espacios públicos.
Canales participó en el ciclo “Otras arquitecturas”, coordinado por el arquitecto Felipe Leal, miembro de El Colegio Nacional, junto con Javier Garciadiego Ruiz y la empresaria Aurora García de León. En su exposición, la especialista destacó que México cuenta con tres modelos principales de vivienda: la informal, la vertical y la que busca redensificar las ciudades. Sin embargo, advirtió que no es posible redensificar los espacios habitacionales sin redensificar también las redes urbanas que los sostienen. “Muchas de esas casas son nuevas, pero están vacías porque no se vincularon con los servicios. Se construyeron viviendas sin ciudad”, afirmó.
La arquitecta enfatizó además que más del 70% de las viviendas en México son informales, lo que obliga a replantear el enfoque con el que se diseñan las políticas públicas. “No podemos seguir llamando ‘vivienda informal’ al modelo recurrente de habitar. Tenemos que cambiar no solo las palabras, sino las normativas y las formas de construir”, subrayó. Para Canales, el problema no se limita a la planeación urbana, sino que profundiza la desigualdad territorial y social. “Necesitamos volver a tener control sobre nuestro territorio y vincular la vivienda con los programas nacionales de educación, salud y transporte”, expresó.
En la misma mesa, Felipe Leal recordó que entre el 80 y el 85% de lo que se construye en una ciudad son viviendas, lo que convierte a este tipo de edificaciones en el eje del desarrollo urbano y arquitectónico. Repasó además algunos hitos históricos, desde los proyectos de vivienda obrera impulsados por Juan O’Gorman y Juan Legarreta en el siglo XX, hasta la creación del Infonavit en 1972, institución que transformó la forma de producir vivienda social en México.
Por su parte, el arquitecto Javier Garciadiego Ruiz abordó la dimensión económica del fenómeno. Recordó que la vivienda, además de ser un derecho, es también una mercancía “sumamente extraña”, pues todas las personas, independientemente de su nivel de ingreso, deben consumirla. Señaló que, aunque organismos como la ONU recomiendan que las familias no destinen más del 30% de su ingreso al pago de vivienda, en México el promedio es de apenas 11.93%, lo que revela otras distorsiones estructurales. “Si la gente gasta poco en vivienda, ¿por qué vive tan lejos, en Pantitlán o en Tecámac? Hay algo que los datos no nos están diciendo”, cuestionó.
La empresaria Aurora García de León aportó la perspectiva del sector privado y explicó que el reto central es construir viviendas dignas con costos accesibles. “El 70% de la población gana menos de cuatro salarios mínimos, por lo que necesitamos hacer casas de menos de 600 mil pesos”, indicó. Añadió que los altos precios del suelo y de la infraestructura limitan la posibilidad de ofrecer soluciones habitacionales bien ubicadas, aunque insistió en que el desarrollo urbano debe integrar elementos sociales y de identidad comunitaria.
El debate puso sobre la mesa una conclusión compartida: la política de vivienda en México requiere una transformación profunda. Los participantes coincidieron en que no basta con construir más casas, sino con garantizar que éstas se inserten en ciudades funcionales, sostenibles y humanas. Como resumió Fernanda Canales, “la vivienda no puede entenderse como un objeto aislado, sino como el punto de partida de un proyecto social y urbano más amplio”.
