En una sesión decisiva, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, iniciativa enviada por la Presidencia de la República. Este avance legislativo marca un momento clave en la estrategia de seguridad nacional: por primera vez se articula un marco legal federal que unifica el tipo penal para la extorsión, amplía sus modalidades y fortalece su persecución de oficio.
La necesidad de esta reforma se sustenta en datos alarmantes: diversos medios consignan que la extorsión —incluyendo el “cobro de piso” y las estafas telefónicas— ha crecido de forma sostenida en el país. En palabras del dictamen, la iniciativa busca homologar sanciones en todo el territorio nacional y cerrar vacíos jurídicos que han favorecido la impunidad.
El proyecto, entre otros aspectos, tipifica el delito de extorsión como quien “obligue a otro, mediante violencia, amenaza o cualquier otro medio, a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio ilegítimo o causando un daño”. El dictamen plantea para el tipo penal básico penas de 6 a 15 años de prisión, con multas equivalentes al valor de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Además se proponen 34 agravantes organizadas en tres categorías, que llevarían la pena hasta 8 a 20 años, o incluso más, cuando el delito se cometa mediante agrupaciones delictivas, cobro de piso a negocios, uso de sistema financiero o extorsión a candidatos.
La aprobación del dictamen fue con 25 votos a favor y 3 abstenciones. Una vez aprobado por esta comisión, el expediente sigue el trámite parlamentario para su discusión en el pleno de la cámara.
Posturas desde Movimiento Ciudadano
El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) adoptó una posición crítica pero finalmente favorable respecto al dictamen, lo que resulta relevante en un entorno de polarización legislativa.
Por un lado, el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) manifestó desde la curul que su bancada respaldaba el dictamen en términos generales —reconociendo la urgencia de legislar contra un delito que ha afectado de forma creciente al sector productivo y social—, pero advirtió que las reformas deben ir acompañadas de recursos presupuestales, capacitación institucional y garantías en derechos humanos para no quedar como “letra muerta”. En el cronista parlamentario se indica que Zavala subrayó que “nuestra postura frente a la militarización no es nueva, no es producto de esta iniciativa.
Por otro lado, el diputado Pablo Vázquez Ahued (también MC) expresó con claridad que “combatir la extorsión es crucial y sumamente importante para desarticular a las redes de la delincuencia organizada”. Su intervención al respecto subrayó que la reforma abre la posibilidad de que las víctimas puedan contar con un marco federal homologado, así como nacionalización de la persecución. Él enfatizó que esto permitirá un cambio real “para que no sea el negocio de un criminal, sino la garantía de justicia para el ciudadano”.
Sin embargo, ambos diputados del MC coincidieron en un matiz: la aprobación no debe traducirse de inmediato en complacencia. El respaldo legislativo debe acompañarse de implementación real, recursos suficientes y especialización, para que la nueva ley no se convierta en un anuncio simbólico sino en una herramienta efectiva.
Desafíos y riesgos que quedan por delante
La iniciativa afronta varios retos críticos. Primero, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— ha sido una asignatura pendiente: legislar para que los estados cumplan con la homologación, la investigación de oficio, la persecución eficaz y la protección de víctimas será clave. Segundo, el fortalecimiento institucional: tribunales, fiscalías y policías requieren infraestructura, tecnología, personal especializado y análisis financiero para detectar y cortar las redes de extorsión que muchas veces están vinculadas con delincuencia organizada, grupos de poder, corrupción y cadenas de impunidad.
Tercero, los derechos humanos: al endurecer penas y tipificar más modalidades, el legislativo debe asegurarse de que no se vulneren garantías fundamentales —por ejemplo, que la persecución “de oficio” no degeneré en abuso o arbitrariedad. Sobre este punto, MC ha planteado reservas: “No se puede legislar únicamente con base en cifras alarmantes; debe haber transparencia, rendición de cuentas y garantías”.
Cuarto, la fase de implementación será la litmus test de la ley. La aprobación del dictamen representa un primer golpe simbólico importante, pero su verdadero impacto se medirá en la operatividad: cuántas denuncias se tramiten de oficio, cuántas víctimas accedan a reparación, cuántas operaciones de cobro de piso se desarticulen, cuántas células de extorsión organizadas caigan, cuántas entidades adapten sus códigos estatales a esta ley, entre otros indicadores.
Respuesta al delito
El dictamen aprobado por la Comisión de Justicia no sólo es una pieza legislativa más: es una señal política fuerte de que el Estado mexicano pretende dar respuesta integral al delito de la extorsión, que ha permeado económicamente, socialmente y culturalmente a sectores vulnerables. La participación del bloque opositor —a través de diputados como Juan Ignacio Zavala Gutiérrez y Pablo Vázquez Ahued— ha sido determinante para dotar al debate de matices de insistencia sobre implementación, derechos humanos y rendición de cuentas.
