En un hecho que reaviva la preocupación por la seguridad de los servidores públicos en Veracruz y en todo el país, el alcalde electo de Jáltipan, Gildardo Maldonado Guzmán, mejor conocido como “Parcero” y militante de Movimiento Ciudadano, denunció haber sido víctima de un atentado contra su rancho durante la madrugada del jueves 13 de noviembre. Bajo fuego, el inmueble ubicado junto a la carretera Transístmica, en el límite entre Jáltipan y Acayucan, recibió múltiples disparos, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas.
En una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el propio Maldonado relató que el aviso del ataque le llegó cuando él se encontraba en Xalapa, participando en un taller en el Congreso. Fue hasta ese momento cuando se enteró de que su propiedad había sido atacada, denunció los hechos ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Acayucan y reclamó que, desde septiembre, ya había solicitado protección formal sin recibir respuesta. “Con dos escoltas no serviría de nada”, declaró, haciendo hincapié en que el nivel actual de seguridad no es suficiente para garantizar su integridad ni la de su familia.
El alcalde electo expresó su frustración ante la falta de atención estatal, señalando que pese a su petición dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, el contralmirante Alfonso Reyes Garcés, no ha habido un despliegue permanente de protección. Maldonado reveló además que acudió a la Ciudad de México para reunirse con Alfredo Almora, director general de Atención a Víctimas, Secuestro y Extorsión, con la esperanza de obtener un compromiso más serio por parte de las autoridades federales. “No se vale que por las personas que queremos hacer el bien por nuestra comunidad, pues hacemos por esto, y es que no nada más en Veracruz, sino en todo México, lo vivimos con Carlos Manzo, y esperemos que nos den esa oportunidad de trabajar, porque es lo que queremos”, subrayó.
Por su parte, Movimiento Ciudadano ha urgido al Gobierno Federal a reforzar la seguridad en Jáltipan. La coordinadora nacional del partido y diputados federales han pedido al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que ordene el despliegue de fuerzas federales para acompañar al alcalde electo y prevenir nuevas agresiones. Luis Carbonell, coordinador estatal de MC en Veracruz, advirtió que no se trata de un caso aislado: ha habido al menos otro intento de intimidación contra otro alcalde electo de su partido, lo que, dijo, pone en evidencia la gravedad del contexto de violencia electoral en la entidad.
Las autoridades respondieron tras el ataque con un operativo en la zona integrado por elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva; se informó que se recogieron al menos treinta casquillos de grueso calibre en el lugar. A pesar de esa movilización inicial, el reclamo de Maldonado por una medida de seguridad permanente persiste: durante la transición hacia su administración desea tener garantías que van más allá de escoltas ocasionales, incluso suspendió por el momento sus actividades públicas para salvaguardar a su familia.
La insistencia de Maldonado en recibir protección se enmarca en un clima de violencia que ha golpeado a varios alcaldes electos en México. En su discurso lamentó que otros servidores públicos también vivan bajo amenaza, y mencionó el reciente asesinato de un presidente municipal como ejemplo de lo que puede suceder si las autoridades no actúan con prontitud.
Este episodio vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los representantes locales en zonas donde la seguridad es frágil y la respuesta institucional, según denuncian, insuficiente. El llamado de Maldonado es claro: no busca privilegios, sino condiciones reales para gobernar con tranquilidad y sin temor por su vida ni la de su familia. La presión sobre las autoridades estatales y federales crece, mientras el reloj avanza hacia la toma de posesión y la exigencia de certezas se vuelve cada vez más urgente.
