La tarde de este 20 de noviembre, el Poder Judicial de Jalisco llevó a cabo la audiencia clave para definir la situación legal de las 40 personas detenidas el pasado 15 de noviembre, luego de los actos vandálicos registrados en el Centro Histórico de Guadalajara. Tras varias horas de exposición y análisis de los datos de prueba, el órgano jurisdiccional resolvió la vinculación a proceso de ocho de los señalados, mientras que los 32 restantes obtuvieron un auto de no vinculación y quedaron en libertad inmediata.
La audiencia, que comenzó poco después del mediodía, reunió a los detenidos para revisar las evidencias reunidas por la Fiscalía del Estado en torno al presunto daño ocasionado a monumentos históricos, artísticos y arqueológicos durante los disturbios. Hacia las cinco de la tarde, el juzgado concluyó que solo ocho de los imputados enfrentaban elementos suficientes para continuar bajo proceso por el delito previsto en los artículos 52 y 33 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, cuya afectación recaería en bienes bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Gobierno de Jalisco y el Congreso del Estado.
La resolución ordenó prisión preventiva justificada por seis meses para siete de ellos: Rogelio Alejandro “N”, Adrián “N”, Ricardo “N”, Felipe “N”, Juan Alejandro “N”, Josué Yair “N” y Héctor Gerardo “N”. En el caso de Jonás Emmanuel “N”, el juez determinó imponer medidas cautelares distintas, cuya naturaleza no fue detallada públicamente por la autoridad.
En contraste, los 32 liberados abandonaron de inmediato las instalaciones judiciales, luego de que el Ministerio Público no acreditara su participación directa en los daños señalados. La determinación, no obstante, mantiene reservas legales únicamente respecto del delito analizado, sin que ello impida que existan otras líneas de investigación en curso.
En paralelo, la situación de cuatro menores de edad involucrados en los mismos hechos permanece en proceso. De acuerdo con la Fiscalía, los adolescentes continúan resguardados en un albergue, mientras se espera que la autoridad especializada fije fecha para la audiencia de imputación correspondiente.
La Fiscalía del Estado reiteró que la actuación ministerial busca equilibrar el respeto a los derechos humanos con la obligación institucional de preservar la paz pública y garantizar justicia frente a daños cometidos contra patrimonio histórico, cuyos agravios tienen implicaciones legales específicas dada la protección federal que los ampara.
La audiencia marca un nuevo capítulo en la investigación sobre los disturbios ocurridos en el corazón de la capital jalisciense, mientras continúan las indagatorias para esclarecer plenamente los hechos y posibles responsabilidades adicionales.
