Las organizaciones civiles y de derechos humanos que integran el Espacio OSC lanzaron un llamado urgente al gobierno federal para replantear y fortalecer las estrategias de seguridad en Michoacán, al advertir que los defensores de derechos humanos, activistas ambientales y periodistas continúan enfrentando condiciones críticas de riesgo sin que existan mecanismos de protección eficaces y coordinados. En un comunicado difundido este viernes, recalcaron que estos sectores deben ser atendidos como poblaciones con necesidades específicas de protección debido a la gravedad y naturaleza de las agresiones que padecen y por su papel central en la defensa de derechos, la divulgación de información pública y la construcción de paz.
El pronunciamiento subraya que quienes defienden el territorio y el medio ambiente, así como periodistas que cubren temas políticos y de seguridad, viven los escenarios más peligrosos en Michoacán, un estado marcado por disputas territoriales entre organizaciones criminales, muchas veces vinculadas con autoridades municipales o estatales. Esta convergencia, alertaron, profundiza un clima de inseguridad que golpea de forma desproporcionada a comunidades indígenas y a mujeres, cuyos espacios organizativos y procesos colectivos se ven amenazados por intereses económicos, políticos y delictivos.
Tan solo en 2024, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentó 16 agresiones contra defensores ambientales en el estado, mientras que los incidentes más recientes en el municipio de Madero confirmaron la continuidad de ataques dirigidos a quienes protegen los recursos naturales. En el caso de mujeres periodistas, las cifras revelan un patrón igualmente alarmante: Comunicación e Información de la Mujer registró al menos 78 agresiones entre 2023 y 2025 que incluyen intimidación, uso excesivo de la fuerza pública, campañas de desprestigio y detenciones arbitrarias, con funcionarios de seguridad estatal y autoridades municipales señalados como principales agresores.
Las cifras de asesinatos reflejan la magnitud del riesgo. Entre 2016 y 2025, al menos nueve defensores fueron ultimados, algunos incluso contando con medidas de protección del Mecanismo Federal o de la fiscalía estatal. En el mismo periodo, ocho periodistas han sido asesinados, tres de ellos desde 2022, con indicios de que los crímenes estuvieron vinculados a su labor informativa. A esta violencia letal se suma un entorno de agresiones que abarca desplazamiento forzado, amenazas, hostigamiento, violencia digital y violencia de género.
Los homicidios del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del comerciante Bernardo Bravo fueron presentados como ejemplos recientes de una crisis que, según las organizaciones, ha sido denunciada durante años sin respuestas efectivas. Article 19 documentó además tres ataques adicionales contra periodistas en Uruapan y Morelia apenas en noviembre de este año, hechos que incluyeron hostigamiento digital y actos de censura.
Michoacán es hoy la tercera entidad con mayor número de personas incorporadas al Mecanismo Federal de Protección, con 158 beneficiarios, entre ellos 75 mujeres, 124 defensores y 34 periodistas. Las organizaciones enfatizaron que estas cifras deben ser consideradas al momento de revisar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia anunciado recientemente por el gobierno federal, criticado por comunidades indígenas del estado por considerarlo unilateral, discriminatorio y ajeno a las realidades territoriales.
El Espacio OSC demandó que la estrategia federal reconozca formalmente a defensores y periodistas como poblaciones en riesgo y que el gobierno estatal y federal fortalezcan su coordinación mediante el Mecanismo de Protección. Consideraron indispensable avanzar hacia una política integral de prevención, presencia institucional y diálogo permanente con la sociedad civil que permita respuestas oportunas ante las amenazas.
Asimismo, urgieron a la Fiscalía de Michoacán y al Poder Judicial a implementar un plan específico de investigación y judicialización de los delitos cometidos contra estos grupos, con el fin de garantizar verdad, justicia y reparación. También exigieron la instalación de un espacio de diálogo permanente entre autoridades federales y estatales, defensores y periodistas para monitorear las acciones de protección, mejorar la capacidad de reacción ante emergencias y robustecer las medidas de prevención.
Para las organizaciones firmantes, la persistencia de la violencia en Michoacán revela no solo la fragilidad institucional, sino también la urgencia de que el Estado reconozca la función social de quienes, desde el periodismo y la defensa de derechos humanos, sostienen la vida democrática en medio de un entorno hostil. El llamado, insistieron, es a no postergar más una política de protección que responda a la realidad en el terreno y que permita a estas poblaciones ejercer su labor sin miedo.
