Bajo un escenario de creciente tensión social, campesinos organizados y transportistas anunciaron este jueves una movilización de alto impacto para el próximo lunes 24 de noviembre, que incluye el bloqueo de carreteras en todo el país, paro en la industria y la toma de aduanas. Líderes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) han lanzado una convocatoria unida con demandas que, aseguran, han sido ignoradas por el gobierno federal.
Desde varias organizaciones agrarias advierten que la forma de presión política retornará a la vía pública: “la forma de lucha va a volver a ser las carreteras”, ha dicho Baltazar Valdéz, líder campesino, al confirmar que el bloqueo será “total”, con “cierre de la industria y la interrupción de operaciones en aduanas”, especialmente en pasos fronterizos. Según sus declaraciones, no solo se exaltará la movilización, sino que esta no se levantará hasta que haya una respuesta formal por parte de la Presidencia.
Las principales exigencias de los manifestantes giran en torno a la seguridad en las vías: transportistas han denunciado un alza constante en asaltos, extorsiones y violencia contra sus unidades, mientras que los campesinos reclaman la falta de mecanismos sólidos para garantizar precios justos para sus cosechas. Además, demandan la exclusión de los granos básicos del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y la creación de una banca de desarrollo dedicada al sector agropecuario.
Otra de las piedras angulares del conflicto es la nueva propuesta de la Ley de Aguas Nacionales, que, según los campesinos, restringe la transferencia de concesiones de agua entre particulares y pone en riesgo el valor de sus tierras. La presión se materializa de forma concreta: las organizaciones agrarias afirman que ya sostuvieron mesas de diálogo en la Cámara de Diputados, donde presentaron propuestas para reformar el modelo hídrico, así como para instalar nuevas reglas para la producción y comercialización de alimentos.
En sus comunicados, los convocantes han exhortado a la población a no salir a carretera el 24 de noviembre. Líderes transportistas como David Estévez Gamboa han pedido de forma explícita que “no saquemos un solo viaje” ese día, para maximizar el impacto de la movilización. Según ellos, el tránsito será prácticamente imposible, con retenes instalados estratégicamente en rutas federales, cruces fronterizos y regiones industriales.
En cuanto al alcance territorial, se prevé que el paro represente una paralización significativa. Organismos convocantes estiman la participación en al menos 25 estados de la República, con la movilización de cientos de miles de campesinos y operadores de transporte. Esta estrategia no solo apunta a dañar la cadena logística y productiva, sino a jugar una carta política fuerte para forzar al gobierno a abrir un canal de diálogo urgente y sustancial.
Uno de los principales riesgos que analistas y sectores productivos advierten es el posible impacto económico de la protesta: con aduanas incomunicadas, el flujo de mercancías importadas y exportadas podría verse seriamente afectado, lo que a su vez repercutiría en industrias clave. Aunado a esto, el bloqueo carretero implica un golpe directo a la distribución nacional, lo cual podría generar desabasto de productos o encarecimiento de insumos básicos si la movilización se mantiene por más de un día.
Esta movilización no solo marca un punto de inflexión para el campo mexicano, sino que consolida la alianza entre dos sectores fundamentales —productores y transportistas— que reclaman del Estado garantías mínimas para operar con dignidad. La incógnita más grande ahora es si el gobierno optará por la negociación o si la protesta se prolongará con consecuencias mucho más amplias para toda la economía nacional.
