La aprobación en el Senado de la República de la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con 66 votos a favor, 12 en contra y 15 abstenciones, agitó el debate parlamentario y lo trasladó la confrontación política al terreno digital. Mientras la mayoría defendía la iniciativa como un paso hacia una justicia más ágil, la oposición, encabezada por el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, elevó el tono y fijó una posición pública que refleja el tamaño de la fractura institucional que esta reforma ha provocado.
Tras la votación, Colosio llevó su rechazo también a las redes sociales, donde publicó un mensaje que reforzó su advertencia sobre los riesgos de esta modificación legal.
“Hoy votamos EN CONTRA de esta reforma. No vamos a acompañar cambios que reduzcan los contrapesos ni que hagan más difícil que la gente se defienda frente a abusos de la autoridad. El dictamen al Procedimiento Contencioso Administrativo limita herramientas de defensa, permite reabrir juicios ya resueltos, reduce garantías de imparcialidad y le exige más al Tribunal Federal de Justicia Administrativa sin darle recursos para cumplir. Esta iniciativa no mejora la justicia: la complica, la vuelve discrecional y favorece a la autoridad, afectando especialmente a quienes más necesitan certidumbre—personas, pequeñas y medianas empresas y quienes viven al día. Nuestro deber es claro: proteger los derechos de la ciudadanía. Por eso, votamos en contra”.
El núcleo de su mensaje apunta a un diagnóstico más severo que el expuesto en tribuna. Para Colosio, la reforma no sólo acelera procedimientos, sino que abre la puerta a la revisión de asuntos que ya habían sido resueltos, debilita la imparcialidad del proceso y sobrecarga al Tribunal Federal de Justicia Administrativa sin asignarle mayores recursos, lo que, en su visión, convierte a la celeridad en un factor de riesgo y no de garantía.
En ese mismo sentido se pronunciaron otras voces de la oposición. El panista Ricardo Anaya insistió en que el nuevo diseño procesal coloca al Servicio de Administración Tributaria en una posición de ventaja indebida, especialmente cuando la autoridad incumple con la entrega de expedientes. Para Anaya, la combinación de plazos reducidos y cargas procesales concentradas en el contribuyente configura un escenario que calificó abiertamente como “terrorismo fiscal”. Desde el PRI, Claudia Anaya alertó que la reforma profundiza limitaciones ya existentes en la protección de la legítima defensa, en una tendencia que, a su juicio, erosiona gradualmente el equilibrio entre el Estado y los ciudadanos.
A pesar del discurso oficial que sostiene que la reforma fortalece la eficiencia y reduce la corrupción, el énfasis de Colosio se ha convertido en el eje central de la crítica: no se trata, según su visión, de hacer más rápida la justicia administrativa, sino de preservar su esencia. En su narrativa, el mayor riesgo no es la saturación de los tribunales, sino un sistema que, bajo la bandera de la agilidad, termine cerrando los caminos reales de defensa para los contribuyentes más vulnerables.
Con la reforma ya aprobada, el debate entra ahora en una fase más compleja, donde los tribunales, los contribuyentes y la autoridad fiscal deberán adaptarse a un nuevo equilibrio de fuerzas. Pero si algo dejó clara la reacción de Colosio, tanto en el pleno como en redes sociales, es que la batalla política y jurídica apenas comienza, y que su defensa de los contrapesos se ha convertido en la bandera más visible de la oposición frente a lo que considera un avance del poder fiscal sobre los derechos ciudadanos.
