Bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, México ha autorizado un incremento de los sobrevuelos de vigilancia de Estados Unidos sobre su territorio, una decisión que ha reavivado el debate sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad y la defensa de la soberanía nacional. La medida forma parte de un acuerdo alcanzado entre ambos países en septiembre pasado, orientado al combate de los cárteles del narcotráfico, el tráfico de armas y las organizaciones que Washington ha comenzado a denominar como “narcoterroristas”.
La ampliación de estos vuelos, incluidos drones de vigilancia, quedó documentada en un informe presentado en diciembre al Congreso estadounidense titulado Evolución de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México. En el texto se subraya que el gobierno mexicano “ha permitido la ampliación de los vuelos de vigilancia estadounidenses sobre territorio mexicano” como resultado de los trabajos del Grupo de Implementación de Seguridad Estados Unidos–México, un mecanismo que articula la cooperación con seis agencias federales de ese país.
El documento destaca que la administración de Sheinbaum ha mostrado disposición para colaborar con los objetivos de seguridad nacional de Washington. Como ejemplo, señala el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en las fronteras del país para contener el flujo de drogas, así como la transferencia a Estados Unidos de 55 presuntos narcotraficantes de alto nivel. Estas acciones son presentadas por las autoridades estadounidenses como señales de continuidad y profundización de la cooperación bilateral.
En ese mismo marco se anunció la creación de un Grupo de Implementación de Alto Nivel dentro del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley. Según el informe, este nuevo esquema busca fortalecer las acciones conjuntas para combatir a los cárteles, frenar el tráfico de drogas y armas y enfrentar el fenómeno del narcoterrorismo, y constituye una de las concesiones operativas más relevantes otorgadas por México a Washington en los últimos años.
No obstante, la aceptación de los sobrevuelos se produce en un contexto de fuerte presión política desde Estados Unidos. El informe vincula este viraje con la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha adoptado una postura antiterrorista más agresiva hacia América Latina, plasmada en la Estrategia de Seguridad Nacional presentada en noviembre pasado. En ese documento, Washington justifica operaciones militares unilaterales en aguas internacionales tras designar a diversos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.
La visión estadounidense amplía el concepto de “frontera sur” más allá de México, para abarcar al continente en su conjunto. Bajo esa lógica, el informe afirma que desde septiembre de 2025 el ejército de Estados Unidos ha incrementado su presencia militar y ha ejecutado ataques letales contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas en aguas internacionales del Pacífico oriental, cerca de México y Colombia, así como en el Caribe, en zonas próximas a Venezuela.
Frente a este escenario, el propio documento reconoce que la presidenta Sheinbaum ha manifestado su oposición a ese tipo de acciones y ha rechazado públicamente las declaraciones de Trump que sugieren la posibilidad de lanzar ataques militares unilaterales contra organizaciones criminales dentro del territorio mexicano. La mandataria ha reiterado que cualquier cooperación debe darse bajo el respeto a la soberanía nacional y al marco del derecho internacional.
Pese a ello, el informe advierte que la posibilidad de una intervención militar estadounidense en México sigue latente y señala que “la cooperación bilateral en curso podría verse frustrada por cualquier posible acción militar unilateral de Estados Unidos en México”, una afirmación que refleja la fragilidad del equilibrio entre colaboración y presión política.
La relación en materia de seguridad entre ambos países tiene antecedentes de largo alcance. Desde la Iniciativa Mérida, vigente entre 2008 y 2021, Estados Unidos destinó alrededor de 1,500 millones de dólares iniciales para apoyar la estrategia mexicana contra el narcotráfico. De acuerdo con el informe, entre los ejercicios fiscales de 2008 y 2023 el Congreso estadounidense asignó cerca de 3,600 millones de dólares a la cooperación bilateral en seguridad. Aun así, funcionarios de ese país sostienen que los cárteles con sede en México, designados como organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado en febrero de 2025, continúan representando una amenaza para su seguridad nacional.
El documento también introduce un elemento políticamente sensible al señalar presuntos vínculos entre integrantes del partido Morena y el crimen organizado. En ese contexto, indica que el Departamento de Estado revocó visas a algunos políticos mexicanos, incluidos líderes del partido de la presidenta, por supuestos nexos delictivos. La referencia, que no menciona a otras fuerzas políticas, añade presión a la relación bilateral y refuerza la percepción de que la nueva política antiterrorista de Estados Unidos mantiene a México bajo un escrutinio permanente.
Así, el aumento de los sobrevuelos estadounidenses sobre territorio mexicano se inscribe en una etapa de cooperación intensificada pero cargada de tensiones, en la que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca equilibrar la colaboración en seguridad con la defensa de la soberanía, mientras Washington eleva el tono y el alcance de su estrategia regional contra el narcotráfico y el crimen organizado.
