En un nuevo capítulo de confrontación entre el poder judicial estatal y la figura política de Javier Corral Jurado, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua ejecutó el aseguramiento de un bien inmueble propiedad del exgobernador y actual senador, en el marco de una investigación por presunto peculado agravado. Se trata de un condominio conocido como “Cabaña El Rincón”, ubicado en una zona montañosa y considerada área natural protegida de la Sierra Tarahumara, en el municipio de Ocampo, cabecera de Basaseachi, registrada oficialmente ante el catastro local a nombre del exmandatario.
El operativo fue realizado el pasado viernes 16 de enero por elementos de la Fiscalía Anticorrupción en cumplimiento de una resolución judicial librada por un Juez de Control la tarde del jueves 15, con la finalidad de impedir que el inmueble sea transmitido, enajenado o gravado mientras continúan las indagatorias. Las diligencias se realizan dentro de la carpeta de investigación 3050/2024, que deriva de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE), y en la que se indaga el supuesto desvío de 98.6 millones de pesos del erario durante el periodo en que Corral fungió como gobernador.
La Fiscalía estatal ha justificado la medida como una acción para salvaguardar activos que potencialmente podrían servir para la recuperación o resarcimiento del daño económico causado a la ciudadanía chihuahuense, si se llegaran a demostrar las responsabilidades imputadas. Además, subrayó que la medida busca evitar la simulación de actos de disposición o transferencia de bienes a terceros vinculados, incluidos familiares o exservidores públicos que participaron en la administración entre 2016 y 2021.
El inmueble asegurado, de estilo rústico y enclavado en una zona de abundante vegetación en el corazón de la Tarahumara, forma parte de la declaración patrimonial del exgobernador y ha sido objeto de escrutinio político desde que las investigaciones se intensificaron el año pasado.
Este aseguramiento se suma a un contexto de confrontación entre distintas instancias judiciales y políticas en Chihuahua. Días antes, un tribunal colegiado resolvió que el caso debe ser atraído por la justicia federal, un fallo que ha provocado tensiones con la Fiscalía estatal, que insiste en mantener la competencia local. La defensa de Corral ha señalado anomalías procesales y ha cuestionado el uso de la figura del aseguramiento como una herramienta de presión política más que de justicia.
Javier Corral reaccionó calificando el hecho como “una medida ilegal e inútil, que desahogaremos, como cada acusación que han hecho en este tiempo, por las vías jurídicas”, así como un acto de golpeteo político como consecuencia de la detención de César Duarte y una venganza política. El caso continúa abierto y con múltiples aristas jurídicas que podrían prolongar el debate político y mediático en torno a estas acusaciones en las próximas semanas.
