En su colaboración semanal en Radio Fórmula, David Olivo, coordinador nacional de Proyectos Prioritarios de Movimiento Ciudadano, se sumó a la discusión pública en torno al reparto de diputaciones federales tras el proceso electoral de 2024, al referirse a la controversia entre Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), y Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, sobre la asignación de diputados plurinominales. La polémica, que ha estado latente desde que se definieron los resultados y la integración de la LXVI Legislatura, vuelve a poner en primer plano las reglas del sistema electoral mixto mexicano y sus efectos sobre la representación política en San Lázaro con la reforma electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se propone la desaparición de los plurinominales.
Olivo sostuvo que las actuales reglas electorales aprobadas por Morena y sus aliados —en referencia a la coalición Sigamos Haciendo Historia— han dado lugar a “una sobrerrepresentación artificial” de esa fuerza política y sus aliados en la Cámara de Diputados, al tiempo que perjudican a fuerzas políticas como Movimiento Ciudadano. Según el analista, mientras la coalición oficialista obtuvo alrededor del 54 % de los votos, alcanzó cerca del 70 % de las curules en San Lázaro, un fenómeno que, para él, distorsiona la voluntad popular y margina desproporcionadamente a MC.
Las matemáticas del sistema electoral mixto explicadas por Olivo parten del peso que tienen los votos obtenidos en las elecciones uninominales por distrito y los que se suman para determinar los diputados de representación proporcional —conocidos como plurinominales—, mecanismo que busca equilibrar la representación de partidos en función de su apoyo nacional. El político insistió en que, con el 11 % de la votación total, Movimiento Ciudadano “debería tener alrededor de 55 diputados” bajo la lógica de proporcionalidad pura, pero según la asignación final del Instituto Nacional Electoral (INE) y ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien –sentenció– fue quien consolidó el “fraude”, ese partido terminó con menos de la mitad de lo que le correspondería si se ponderara únicamente su resultado electoral, por lo que “Movimiento Ciudadano fue el partido con mayor afectación política”.
Este planteamiento choca directamente con la versión que ha defendido Luisa María Alcalde en redes sociales y foros públicos. La dirigente morenista ha argumentado que, en realidad, fueron los emecistas quienes se vieron favorecidos por la sobrerrepresentación, al recordar que Movimiento Ciudadano solo ganó un distrito de mayoría relativa de los 300 en disputa, y aun así el INE le asignó por representación proporcional más espacios de los que, según su interpretación, “le correspondían directamente”. Alcalde ha enfatizado que el sistema mixto de representación ya está claramente establecido en la legislación vigente y que su aplicación responde a criterios técnicos y constitucionales, no a cálculos arbitrarios o manipulación partidista.
En esa contienda de narrativas también cabe recordar que MC ha buscado llevar su reclamo más allá de las declaraciones: el propio partido impugnó ante el TEPJF la asignación de plurinominales tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, acusando una sobrerrepresentación excesiva por parte de Morena y sus aliados que “vulnera la proporcionalidad democrática”. Líderes de la fuerza naranja han señalado que las reglas actuales benefician las coaliciones amplias a costa de partidos que decidieron competir solos, como fue el caso de MC en 2024.
La cuestión central del debate, entonces, no es menor. Más allá de las posturas de Olivo, Alcalde o cualquier analista, lo que está en juego es la percepción pública sobre la legitimidad del sistema electoral: si éste refleja fielmente —como sostiene Morena— la voluntad de los votantes o si, por el contrario, como argumentan MC y sus defensores, favorece desproporcionadamente a las fuerzas políticas mayoritarias. Este conflicto de interpretaciones abre la puerta a propuestas más profundas de reforma electoral que han empezado a discutirse en algunos foros, donde incluso se plantea replantear la función de las listas plurinominales o la forma en que se calcula la representación proporcional para evitar percepciones de injusticia o manipulación.
En un momento político tan polarizado como el actual, la discusión sobre los plurinominales no es un debate técnico aislado: influye directamente en cómo se percibe la democracia mexicana, cómo se legitiman las mayorías legislativas y cómo se articulan las voces de las minorías políticas en el Congreso. La reflexión de Olivo pone de relieve esas tensiones, pone en el centro los contrapesos al poder y subraya la importancia de una discusión pública informada y transparente sobre el sistema electoral que rige los destinos políticos del país.
