La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó los alcances de su denominado “Plan B” de reforma electoral luego de que su iniciativa original no alcanzara los votos necesarios para ser aprobada en la Cámara de Diputados. Durante su conferencia matutina, la mandataria defendió la propuesta impulsada por su gobierno y aseguró que la nueva estrategia mantendrá como eje central la reducción de lo que calificó como privilegios dentro del sistema electoral, particularmente en el financiamiento a partidos políticos y en la estructura de las autoridades electorales.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que la reforma que envió al Congreso buscaba disminuir el gasto público destinado a las instituciones encargadas de organizar los procesos electorales y a las dirigencias partidistas. De acuerdo con su argumento, los recursos asignados actualmente resultan excesivos frente a las necesidades sociales que persisten en el país. En ese contexto, afirmó que el nuevo planteamiento mantendrá el objetivo de reducir costos administrativos y redirigir parte de esos recursos hacia programas sociales, infraestructura básica y servicios públicos.
La presidenta recordó que la intención de modificar el sistema electoral forma parte de una agenda política que, según dijo, se ha sostenido desde el inicio del movimiento político que llevó al poder al expresidente Andrés Manuel López Obrador. En su intervención, sostuvo que durante décadas el país operó bajo un esquema marcado por privilegios en diversas áreas del poder público y señaló que el ámbito electoral aún conserva estructuras que, a su juicio, requieren transformaciones profundas.
En ese sentido, defendió que la reforma buscaba ajustar el gasto destinado al Instituto Nacional Electoral, al considerar que existe una percepción ciudadana de que tanto el financiamiento público a los partidos como los salarios de los consejeros electorales son elevados. También planteó que dentro del sistema electoral existen duplicidades administrativas entre el órgano nacional y los organismos públicos locales electorales, conocidos como Oples, lo que —afirmó— incrementa los costos del aparato electoral.
Durante la presentación del Plan B, la mandataria expuso públicamente el sentido del voto de las distintas bancadas en la Cámara de Diputados durante la discusión legislativa de la iniciativa. Explicó que únicamente legisladores de Morena, doce diputados del Partido Verde Ecologista de México y uno del Partido del Trabajo (México) respaldaron la propuesta presidencial, mientras que las bancadas de Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano (México) votaron en contra, junto con algunos legisladores de fuerzas aliadas.
Sheinbaum aseguró que, pese a conocer el escenario adverso en el Congreso, decidió insistir en que la iniciativa fuera sometida a votación. Argumentó que ello respondía al compromiso asumido durante su campaña presidencial de impulsar cambios al sistema electoral conforme a lo que, según dijo, demandan diversos sectores de la ciudadanía. En su interpretación, el resultado de la votación permitió identificar con claridad qué fuerzas políticas respaldan una reducción en el gasto electoral y cuáles prefieren mantener el esquema actual.
El nuevo plan, adelantó, retomará los principios centrales de la reforma rechazada y buscará avanzar mediante cambios legales y administrativos que no requieran una reforma constitucional, con el propósito de modificar aspectos del funcionamiento del sistema electoral. Entre las prioridades mencionadas por la presidenta se encuentra continuar con la reducción de gastos considerados innecesarios dentro de las instituciones electorales y canalizar esos recursos a áreas sociales como educación, salud, agua potable e infraestructura comunitaria.
Además del componente presupuestal, la mandataria planteó fortalecer los mecanismos de democracia participativa para ampliar la intervención ciudadana en las decisiones públicas y en la elección de representantes. De acuerdo con su planteamiento, la intención es que la población tenga mayores herramientas para incidir en la vida política del país, más allá de los procesos electorales tradicionales.
Sheinbaum mencionó que le parece excesivo que se repitan funciones entre los OPLES y el INE, así como que los consejeros sigan ganando más que la Presidenta, por lo que buscará poner un tope máximo a lo que deben destinarse a los congresos locales y al Senado de la República.
El anuncio del Plan B se produce en un contexto de debate político en torno a la estructura y financiamiento del sistema electoral mexicano, así como al papel del Instituto Nacional Electoral y de los organismos electorales locales en la organización de los comicios. Mientras el gobierno federal defiende la necesidad de reducir costos y simplificar la estructura institucional, partidos de oposición han advertido que cualquier modificación debe garantizar la autonomía de las autoridades electorales y preservar las condiciones de competencia política.
