En un movimiento que ha generado debate y críticas en diversos sectores de la sociedad mexicana, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, fue presentado este lunes 19 de enero de 2026 como nuevo director general de los Centros de Formación para el Trabajo, una unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP). La designación fue dada a conocer oficialmente por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, a través de redes sociales, donde calificó a Garduño como “un funcionario ejemplar” cuya participación será clave para avanzar en la reforma a la Educación Media Superior impulsada por el Gobierno federal y el proyecto del Bachillerato Nacional.
La decisión, que provino directamente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, según Delgado, coloca a Garduño al frente de una de las direcciones estratégicas de la SEP enfocadas en la capacitación para el trabajo y en la actualización de la oferta educativa alineada con sectores productivos y de desarrollo nacional. Los Centros de Formación para el Trabajo, conocidos por integrar la red de planteles CECATI e institutos ICAT, son pilares en la formación técnica y profesional de jóvenes y adultos en todo el territorio mexicano.
Sin embargo, la llegada de Garduño a la SEP reabre una página polémica de su carrera pública. Durante su gestión como titular del INM, que asumió en junio de 2019 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se registró el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo de 2023, donde 40 personas migrantes murieron y decenas resultaron heridas. La tragedia, ocurrida en circunstancias en que migrantes privados de la libertad protestaron en sus instalaciones, marcó un conflicto de derechos humanos y responsabilidad institucional que derivó en un proceso judicial contra Garduño por presuntas omisiones en la protección y seguridad de las personas bajo custodia del INM.
En abril de 2025, un Tribunal de Apelación confirmó la suspensión condicional del proceso penal en su contra, decisión que fue recibida con críticas por parte de activistas y familiares de las víctimas, quienes denunciaron que la resolución obedeció a “impunidad y corrupción” y manifestaron su inconformidad por la falta de sanciones efectivas para los responsables. Más tarde ese mismo año, en septiembre, Garduño ofreció una disculpa pública por la tragedia ante familiares de las víctimas, acto que llegó más de dos años después de los hechos y en cumplimiento de una orden judicial, aunque diversos sectores cuestionaron la tardanza y el alcance de dicha disculpa.
La designación de Garduño en un cargo relevante dentro de la SEP genera cuestionamientos públicos sobre el mensaje político y ético que representa la reubicación en la administración de una figura cuya gestión anterior estuvo marcada por una de las tragedias migratorias más graves de la última década en México.
Organizaciones de derechos humanos, activistas y familiares de las víctimas del incendio de Ciudad Juárez han expresado su rechazo y alarma por el nuevo nombramiento, al considerar que la responsabilidad y las omisiones que llevaron a la pérdida de vidas humanas no deberían ser pasadas por alto en la trayectoria de un servidor público que ahora aspira a conducir políticas de educación y formación laboral. Este escenario plantea un debate profundo sobre la rendición de cuentas, la memoria social y la forma en que el Estado mexicano jerarquiza perfiles dentro de sus estructuras de gobierno en temas tan sensibles como la migración y la educación.
