Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor colombiano de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana Puebla, fue reportado como desaparecido a inicios de enero tras perder contacto con su familia luego de arribar al Aeropuerto Internacional de Monterrey. Días después fue localizado con vida y este martes ofreció su primer testimonio público, en el que relató una serie de presuntas irregularidades, abusos y omisiones ocurridas durante más de dos semanas en territorio nuevoleonés.
El académico, profesional en estudios literarios, decidió dar a conocer su versión de los hechos a través de los medios institucionales de la Universidad Iberoamericana Puebla, la única institución que, aseguró, le brindó respaldo durante todo el proceso. En su declaración, Escobar Barrios explicó que llegó a Monterrey el 31 de diciembre con el objetivo de hacer una escala de tres horas antes de continuar su viaje hacia la Ciudad de México, pero circunstancias que calificó como “extrañas” impidieron que pudiera abordar su siguiente vuelo.
Según su testimonio, ese mismo día fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y trasladado a una celda en el municipio de Apodaca, donde permaneció durante tres días. Afirmó que antes de su ingreso fue golpeado por agentes federales, agresión que le provocó la fractura de tres costillas, lesión que ya fue confirmada médicamente. Durante su estancia en esa celda, señaló que nunca fue registrado en el Registro Nacional de Detenciones, que no se le informó sobre sus derechos y que se le negó la posibilidad de comunicarse con su familia.
Tras ser liberado, dijo, se le devolvieron sus pertenencias, pero continuaba desorientado. Intentó regresar al aeropuerto de Monterrey para completar su trayecto, sin embargo, afirmó que nuevamente fue despojado de sus objetos personales y que posteriormente fue inadmitido en la terminal aérea por razones que desconoce. Solo logró pasar una noche dentro del aeropuerto y después fue obligado a deambular por los alrededores sin documentos, dinero ni medios de comunicación.
Escobar relató que durante cuatro días vagó por las inmediaciones del aeropuerto sin acceso a comida, agua ni asistencia por parte de autoridades o población civil. En ese periodo, aseguró, fue constantemente alejado del lugar por policías, lo que lo llevó a una situación de extrema vulnerabilidad y a refugiarse en zonas de maleza para protegerse del sol y evitar una deshidratación severa.
Su situación cambió cuando una patrulla de una clínica de rehabilitación lo localizó a la orilla de una carretera y, al confundirlo con una persona en situación de calle, lo trasladó a un centro de atención en el municipio de Juárez. Permaneció ahí diez días en estado de inconsciencia, periodo en el que, según personal de la clínica, presentó mutismo y solo ingería agua. Fue hasta el 15 de enero cuando recuperó la conciencia y logró recordar su identidad, su lugar de trabajo y el nombre de su familia.
Al intentar comunicar su situación, explicó que la falta de medios de contacto hacía prácticamente imposible pedir ayuda. Finalmente, un operativo de búsqueda permitió que autoridades de la fiscalía local cruzaran su identidad con la ficha de persona desaparecida, lo que derivó en su localización y traslado a resguardo institucional.
Durante su declaración, Escobar Barrios denunció una serie de irregularidades que, sostuvo, ya cuentan con respaldo documental. Entre ellas, la ausencia de registro oficial durante su detención, la falta de notificación de sus derechos, la negativa de asistencia médica pese a encontrarse desorientado y lesionado, así como la prohibición de acercarse a instancias como el Instituto Nacional de Migración y los servicios médicos del aeropuerto.
El académico también señaló lo que consideró una condición discriminatoria hacia ciudadanos colombianos que viajan o residen en México. Recordó que, aunque no requieren visa, son la única nacionalidad latinoamericana obligada a llenar un preregistro migratorio con información personal, laboral y financiera antes de ingresar al país. A su juicio, este mecanismo no solo no garantiza seguridad, sino que expone a los viajeros a riesgos adicionales.
Asimismo, rechazó que su ingreso a la clínica de rehabilitación haya sido voluntario, como se difundió inicialmente. Aseguró que fue trasladado en estado crítico y al borde de la muerte, sin capacidad de decidir por sí mismo. Reconoció, no obstante, que la atención recibida en ese centro fue determinante para salvarle la vida.
“Fueron las únicas personas que me brindaron asistencia humanitaria”, expresó. “Me dieron agua y lograron que después de diez días yo pudiera recuperar mi conciencia plena”.
Finalmente, Leonardo Escobar agradeció a quienes participaron en su localización y reiteró que su caso no debe quedar como un hecho aislado, pues, advirtió, situaciones similares pueden ocurrirle a cualquier persona extranjera que transite por el país en condición de escala.
Su testimonio ya es parte de una carpeta de investigación abierta en Nuevo León, mientras organizaciones de derechos humanos y la propia Universidad Iberoamericana Puebla han solicitado que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades.
