El 25 de agosto de 2022, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que estableció el Sistema de “Compensación Vitalicia” por justicia social para extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), un esquema que a simple vista se presentaba como un acto de reparación histórica para quienes quedaron en el limbo laboral tras la desaparición de la paraestatal en 2009. Sin embargo, según revela el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra, coescrito con Jorge Fernández Menéndez y adelantado en exclusiva por la revista Proceso, ese decreto se convirtió en algo muy distinto: un instrumento de operación política y construcción de redes clientelares, cuyo principal operador fue el exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, y que ha dejado una afectación estimada de casi 27 mil millones de pesos al erario público.
La compensación vitalicia —concebida como un reconocimiento para quienes, pese a contar con años de servicio, no alcanzaron las condiciones para jubilarse cuando LyFC fue extinguida— tenía objetivos que trascendían lo laboral. De acuerdo con lo expuesto en el adelanto editorial, Ramírez Cuevas, figura de confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, jugó un papel clave para convencer al Ejecutivo de implementar este programa, a pesar de que muchos de los posibles beneficiarios ya habían sido liquidados conforme a derecho. Esta gestión fue polémica desde su origen, incluso dentro del gabinete, debido a sus débiles fundamentos jurídicos y presupuestales.
Desde su rol, Ramírez no actuó como un administrador neutral del conflicto: según los autores, transformó la política pública en una herramienta para posicionar políticamente a aliados y consolidar apoyo electoral. La implementación del decreto, así como la posterior publicación de una fe de erratas que amplió el universo de beneficiarios más allá de lo que el texto original parecía prever, son presentadas como maniobras impulsadas bajo presión política, sin el debido respaldo legal ni un presupuesto asignado que garantizara su viabilidad.
El resultado no fue sólo un pasivo financiero de magnitud histórica. El impacto se extendió al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que se fracturó ante la emergencia de grupos beneficiados por el programa y apoyados políticamente por sectores afines al gobierno, al tiempo que se acusaba la imposición de liderazgos sin representación legítima. Las tensiones internas del movimiento sindical reflejan un conflicto que va más allá del reclamo económico: es, en esencia, la disputa por la legitimidad y la manera de encarar las deudas sociales del Estado con sus trabajadores.
En este contexto, el libro detalla que algunos de los beneficiarios de la compensación no tardaron en asistir públicamente a actos de campaña de Clara Brugada, entonces precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y expresar su agradecimiento por la gestión de Ramírez. La narrativa política tradicional en torno a este programa —presentado oficialmente como un acto de justicia histórica— empieza así a entrelazarse con lógicas de clientelismo político y apoyo electoral, lo que abre un debate profundo sobre los límites de la política pública y el uso de recursos públicos en procesos políticos.
Desde su publicación en el Diario Oficial, el decreto y sus modificaciones han generado dudas sobre su cumplimiento con principios básicos de legalidad y responsabilidad presupuestaria. La ausencia de una asignación presupuestal específica desde su origen y la falta de un análisis jurídico-financiero sólido son cuestionadas por expertos, quienes alertan sobre el riesgo de comprometer las finanzas públicas en programas improvisados sin un andamiaje normativo que respalde su operación.
El caso de la compensación vitalicia no puede entenderse al margen de la historia de LyFC. La extinción de esa empresa en 2009 afectó a decenas de miles de trabajadores —más de 45 mil, según datos oficiales— de los cuales alrededor de 9 mil no alcanzaron a jubilarse bajo los esquemas vigentes. La compensación, que contempla pagos mensuales vitalicios y beneficios adicionales, fue una respuesta a esa situación. No obstante, la manera en que fue diseñada y operada ha generado más preguntas que respuestas sobre los objetivos reales del programa y la forma en que se integró en la estrategia política de altos funcionarios.
Desde la sociedad civil hasta sectores del propio movimiento sindical, se exige una revisión profunda por parte del Congreso de la Unión y los órganos fiscalizadores, no sólo de la legalidad del decreto, sino de posibles daños patrimoniales al Estado y del uso de recursos públicos con fines políticos. El caso de Jesús Ramírez —una figura que fue pieza clave en la comunicación presidencial y en la construcción de narrativa oficial— pone en evidencia cómo una política pública con apariencia de justicia social puede transformarse en un mecanismo de influencia política y político-electoral cuando se elude la rigurosidad técnica y se privilegia la lógica de intereses particulares sobre el interés general.
El capítulo de este libro, de próxima publicación, pone sobre la mesa preguntas que van más allá de un solo decreto: cuestiona las prácticas de diseño e implementación de políticas públicas, la frontera entre la acción gubernamental y la operación política, y la transparencia en el uso de recursos públicos en contextos electorales, así como la formade operación de funcionarios de la 4T ceranos al expresidente AMLO. La historia de la compensación vitalicia a extrabajadores de LyFC se configura así como una narrativa compleja donde confluyen justicia social, política clientelar y la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas en el país.
