Durante semanas el ambiente político y educativo en México se ha visto marcado por un episodio inusual incluso para los estándares de la administración pública: la destitución del director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, y su prolongada resistencia dentro de sus oficinas. Aunque las declaraciones oficiales iniciales de la Presidencia de la República se centraron en planteamientos vagos sobre desacuerdos con supuestas modificaciones parciales al contenido educativo, documentos internos de la propia SEP revelan que la fractura fue mucho más profunda y específica: Arriaga se negó a eliminar 192 contenidos de los Libros de Texto Gratuitos (LTG) que la Subsecretaría de Educación Básica había marcado como “no pertinentes” o “sin sentido”.
Los oficios suscritos por la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, y fechados entre el 22 y el 28 de octubre de 2025, muestran que desde hace meses la dependencia había ordenado al departamento a cargo de Arriaga realizar ajustes sustanciales a materiales destinados al nivel de preescolar, primaria e incluso manuales dirigidos a docentes, incluidas obras como Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. En esos escritos se documenta que, tras una revisión exhaustiva de los contenidos con base en el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, decenas de láminas, textos y actividades fueron evaluados como poco claros, repetitivos, confusos o no alineados con los planteamientos curriculares y pedagógicos requeridos.
De acuerdo con los anexos de uno de esos oficios de octubre, en preescolar se determinó que 47 de 126 contenidos de primer grado, 41 de 119 del segundo y 37 de 114 del tercer grado debían ser eliminados o reformulados. Asimismo, en los libros pensados para guiar a las maestras y maestros se propuso la supresión de otros 67 contenidos bajo criterios similares de falta de pertinencia o utilidad didáctica. Este cruce de solicitudes desencadenó un conflicto con Arriaga, quien no solo cuestionó las evaluaciones y juicios de valor de los dictámenes, sino que argumentó que tales cambios vulneraban la lógica pedagógica y el diseño integral de la familia de libros que su equipo había producido bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).
La tensión entre ambas instancias no se limitó a la calificación de apartados o ejercicios. En un oficio del 28 de octubre, la subsecretaria también comunicó la detección de contenidos “ausentes” en los libros de primaria, relacionados con prácticas como la escritura de nombres en lengua materna, la lectura compartida, narración de experiencias comunitarias, así como temas vinculados a igualdad de género, diversidad cultural o identidad nacional. La instrucción explícita fue iniciar formalmente la actualización de los textos con la participación de “docentes innovadores” para incorporarlos.
Frente a estas reclamaciones, Arriaga respondió en varios oficios fechados a principios de noviembre que muchas de las observaciones carecían de correspondencia con el diseño original de los LTG y con los procedimientos internos de la SEP establecidos en su reglamento. Señaló que los materiales ya estaban en proceso de liberación para el ciclo escolar 2026–2027 y que hacer las modificaciones pedidas implicaría rehacer partes significativas del trabajo, con impactos logísticos y técnicos que no podían asumirse en tiempo y forma sin una planeación especializada y consultas con el magisterio nacional. Rechazó, además, que las áreas que emitieron las solicitudes tuvieran atribuciones administrativas para determinar la pertinencia de los contenidos desarrollados por la Dirección General a su cargo.
La disputa escaló a un nivel político mayor cuando Arriaga Navarro, tras ser notificado de su remoción el 13 de febrero pasado, se negó a abandonar su oficina y permaneció atrincherado durante días, exigiendo una notificación formal por escrito y aduciendo violaciones a la ley laboral. Su resistencia se convirtió en un símbolo de confrontación interna entre distintos enfoques sobre la educación pública y la forma de desarrollar políticas educativas. Finalmente, tras cuatro días de estancia y rodeado de su equipo, se le entregó la documentación que formalizaba su cese, y salió de las instalaciones acompañado de simpatizantes y consignas a favor de su trabajo.
En la esfera política, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha intentado minimizar las versiones que vinculan la remoción de Arriaga con una intención de recortar el enfoque ideológico de los libros de texto, asegurando que estos “siempre son perfectibles” y que su administración busca enriquecer su contenido, incluyendo una mayor visibilidad de las mujeres en la historia, sin “cambiar la esencia” de los materiales. Sin embargo, expertos, docentes críticos y algunos sectores del magisterio consideran que el conflicto trasciende lo técnico y pone sobre la mesa tensiones profundas sobre la orientación de la educación pública, la autonomía profesional docente y el enfoque pedagógico de la NEM.
El episodio del despido de Marx Arriaga Navarro y la revelación de los oficios internos muestran que, más allá de discursos oficiales sobre ajustes menores, existía un choque de visiones sobre la construcción y adecuación de los textos educativos que fueron diseñados para un modelo pedagógico transformador, y que ahora quedan en el centro de un debate político y educativo que promete tener repercusiones importantes en la forma en que el Estado mexicano concibe la educación pública en los próximos años.
