En un debate ríspido, por momentos desordenado y con una moderación rebasada en ocasiones, organizado por el diario Reforma, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, confrontaron versiones sobre el polémico contrato suscrito con la empresa Next Energy para el suministro eléctrico del municipio. Más allá del cruce de cifras y acusaciones personales, el intercambio dejó al descubierto dos narrativas diametralmente opuestas: la defensa de un esquema que el edil actual inició y firmó y la postura del exalcalde que sostiene que el acuerdo nació viciado o no debió firmarse de inicio, que llevó a una renegociación que ahora disfruta la ciudad y que el contrato debe rescindirse por su inviabilidad financiera y jurídica.
De la Garza abrió el fuego asegurando que las críticas en su contra forman parte de un “ataque sistemático” desde el gobierno estatal y negó que el contrato implicara un compromiso fijo superior a los 7 700 millones de pesos. Argumentó que el esquema se estructuró como un porcentaje de descuento sobre el consumo total de energía de Monterrey, con mediciones referenciadas a tabuladores de la Comisión Federal de Electricidad, y defendió que modelos similares han sido utilizados por otras administraciones municipales para generar ahorros. Sostuvo que al inicio del contrato se obtuvo un 20 por ciento de ahorro y que, pese al incumplimiento en la construcción del parque solar comprometido, el proveedor llegó a cubrir hasta el 100 por ciento del recibo eléctrico del municipio. En ese contexto, afirmó que durante su segunda gestión se desembolsaron 54 millones de pesos y se recuperaron 174 millones por penalizaciones, lo que, dijo, representó una ganancia neta de 120 millones. Incluso aseguró que en lo que va de su actual administración se han generado beneficios acumulados superiores a los mil 300 millones de pesos.
La réplica de Colosio fue frontal y técnica. Recordó que el problema no se reduce a la narrativa de ahorros inmediatos, sino a la arquitectura contractual diseñada desde su origen. Señaló que el valor estimado del contrato rondaba los 7 mil millones de pesos, pero que al estar ligado a las tarifas de la CFE —que han experimentado incrementos— el compromiso proyectado a 30 años habría escalado a más de 8 mil millones de pesos al cierre de 2024 si no se intervenía. Subrayó que las garantías pactadas a favor del municipio estaban topadas en un 10 por ciento, lo que a su juicio blindaba desproporcionadamente a la empresa frente a eventuales incumplimientos.
Uno de los momentos más delicados del debate se centró en la cronología del proyecto. Colosio expuso que el contrato fue suscrito el 30 de marzo de 2020 y que al día siguiente ya existían constancias que reportaban un supuesto 60 por ciento de avance en la construcción del parque solar, documentación que, aseguró, no apareció en el proceso formal de entrega-recepción entre administraciones. Esa inconsistencia, dijo, es un indicio de irregularidades que debieron encender alertas desde el principio. Añadió que durante su gestión intentó renegociar condiciones ante la falta de avances sustantivos y que la judicialización posterior del caso impidió una rescisión inmediata sin poner en riesgo mayores costos para el erario.
De la Garza optó en varios pasajes por descalificar a su adversario, insistiendo en que no leyó adecuadamente el contrato y calificando sus señalamientos de mentira. El intercambio derivó en ataques personales, con alusiones al desempeño de Colosio como alcalde y a su resultado electoral en la contienda al Senado, incluso, De la Garza visiblemente molesto recurrió a poner apodos a su contraparte. Sin embargo, más allá del ruido político, el senador sostuvo que su administración enfrentó un escenario contractual que comprometía recursos municipales a largo plazo bajo condiciones desventajosas y que, lejos de constituir un modelo ejemplar de ahorro, representaba un riesgo financiero estructural.
Colosio también recordó la cercanía del propietario de Next Energy —actualmente bajo arresto— con figuras vinculadas a la administración priista, entre ellas la entonces contralora municipal Jovita Morín, y mencionó antecedentes de señalamientos por fraude en otros estados como Aguascalientes. Para el senador, esos elementos refuerzan la tesis de que el contrato no sólo es financieramente oneroso sino políticamente insostenible. En tono autocrítico, reconoció que su administración optó por una transición ordenada y por intentar corregir el rumbo antes que emprender acciones legales inmediatas contra la gestión anterior, decisión que calificó como un error político que le impidió deslindar responsabilidades con mayor contundencia. Y concluyó que si el gobierno de De la Garza hoy puede presumir ahorros a la ciudad es gracias a la renegociación que su administración negoció, por lo que la administración actual está recogiendo los frutos del trabajo del gobierno anterior.
El debate, que en teoría buscaba clarificar la viabilidad actual del contrato, terminó por evidenciar el trasfondo electoral de la disputa. La mención de padrinazgos políticos, del exgobernador Rodrigo Medina y de otros temas colaterales como Metrorrey, confirmó que la confrontación ya se inscribe en el horizonte de la sucesión estatal de 2027. No obstante, en el terreno estrictamente técnico, la exposición de Colosio colocó el foco en los riesgos financieros de largo plazo, en la desproporción de garantías y en las inconsistencias documentales del proyecto, argumentos que marcaron el eje sustantivo de la discusión.
Hoy, con el contrato aún bajo litigio y con el propietario de la empresa enfrentando procesos judiciales, la pregunta central ya no es si hubo ahorros coyunturales en determinados meses, sino si Monterrey puede sostener durante tres décadas un esquema que, según la advertencia del senador, compromete miles de millones de pesos bajo condiciones que favorecen a un proveedor que ni siquiera cumplió en tiempo y forma con la infraestructura prometida. En ese punto, más allá del cruce de descalificaciones, el debate dejó claro que la batalla por Next Energy es tanto jurídica como política, y que su desenlace tendrá implicaciones directas en el futuro financiero y electoral de Nuevo León.
Aquí el debate completo:
