En medio de un debate que exhibió las diferencias entre el bloque oficialista y la oposición, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones IV y XI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, manteniendo un solo día de descanso obligatorio. La discusión estuvo marcada por señalamientos de “hipocresía” y por la exigencia de que los propios legisladores adopten condiciones laborales similares a las que regulan para el resto del país.
Durante la sesión, diputadas de Movimiento Ciudadano cuestionaron a los legisladores de Morena y sus aliados por rechazar la inclusión de dos días de descanso obligatorio en el texto constitucional. La reforma aprobada modifica el artículo 123 en su apartado A, que regula las relaciones laborales entre trabajadores y patrones en el sector privado, con el objetivo de disminuir la jornada máxima semanal de trabajo de 48 a 40 horas, uno de los compromisos que ha sido impulsado en los últimos años por distintos sectores sindicales y fuerzas políticas.
La diputada Laura Ballesteros subió a tribuna para reprochar que la mayoría legislativa no aceptara ampliar el descanso semanal a dos días. En su intervención, propuso reformar la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento de la Cámara de Diputados para establecer que los propios legisladores cumplan con una jornada mínima de trabajo legislativo de 48 horas semanales, con un solo día de descanso, en congruencia —dijo— con lo que se exige a millones de trabajadores mexicanos.
“Pongan el ejemplo, vengan a trabajar, y que aquí se trabaje 48 horas a la semana, cómo le hacen los trabajadores mexicanos”, expresó Ballesteros, al sostener que el Congreso no puede legislar sobre derechos laborales sin asumir estándares claros de productividad y permanencia en el recinto parlamentario.
En el mismo sentido, la diputada Patricia Flores Elizondo calificó como “profundamente hipócrita” la postura de Morena y sus aliados por negarse a incorporar dos días de descanso obligatorio en la reforma constitucional. Desde tribuna afirmó que muchos legisladores “se toman seis días de descanso por cada uno que trabajan”, y consideró que la discusión debía ir más allá de la reducción de horas, para abordar de manera integral el derecho al descanso, la conciliación entre la vida laboral y personal, así como el impacto del tiempo de traslado en las grandes ciudades.
Flores Elizondo señaló que el país requiere un debate más amplio sobre el modelo laboral, incluyendo la realidad de la informalidad y la calidad de vida de los trabajadores, y acusó que el dictamen fue discutido de manera apresurada. “Hablemos de descanso, hablemos del derecho a vivir, no solo a trabajar”, sostuvo, al advertir que reducir horas sin modificar de fondo otros aspectos estructurales puede resultar insuficiente.
Pese a los cuestionamientos, la mayoría parlamentaria respaldó el dictamen que modifica el texto constitucional para establecer que por cada seis días de trabajo deberá disfrutarse al menos un día de descanso, adecuando así la jornada máxima a 40 horas semanales. La aprobación por mayoría calificada era un requisito indispensable al tratarse de una reforma constitucional, por lo que ahora el proyecto deberá ser remitido a las legislaturas de los estados para su eventual ratificación.
La discusión sobre la jornada laboral ha cobrado relevancia en los últimos años como parte de una agenda de reformas en materia de derechos laborales, en un contexto en el que México mantiene una de las cargas horarias más extensas entre los países de la OCDE. No obstante, el alcance del descanso semanal se convirtió en uno de los puntos más controvertidos del debate, evidenciando diferencias no solo sobre la duración del trabajo, sino sobre la concepción misma del equilibrio entre productividad y bienestar.
Con la aprobación en San Lázaro, el Congreso dio un paso formal hacia la reducción de la jornada laboral, aunque el diseño final mantiene el esquema de un solo día de descanso obligatorio, dejando para futuras reformas la posibilidad de ampliar ese derecho. Mientras tanto, la confrontación política en torno a la coherencia entre el discurso legislativo y la práctica parlamentaria quedó instalada como uno de los temas centrales de la sesión.
