La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este miércoles su iniciativa de Reforma Electoral, un paquete de cambios que, aseguró, responde a una demanda ciudadana para abaratar el costo del sistema electoral, eliminar las listas plurinominales definidas por las dirigencias partidistas y fortalecer los mecanismos de participación democrática. El proyecto será enviado el próximo lunes al Congreso de la Unión, aunque aún no se ha determinado si será turnado primero a la Cámara de Diputados o al Senado.
Durante la presentación, acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y por el presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, la mandataria sostuvo que su propuesta no busca instaurar un “partido de Estado” ni un esquema de partido único, sino modificar la forma en que opera la representación proporcional para que los legisladores deban competir en territorio y obtener respaldo directo de los votantes.
Sheinbaum subrayó que la representación proporcional se mantendría, pero sin las actuales listas nacionales confeccionadas por las cúpulas partidistas. En su planteamiento, la Cámara de Diputados conservaría sus 500 integrantes, todos electos mediante votación directa. De ellos, 300 serían elegidos por mayoría relativa en distritos electorales y 200 bajo el principio de representación proporcional, manteniendo la fórmula prevista en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero con un rediseño en la asignación. De esas 200 diputaciones, 97 corresponderían a candidatos que no obtuvieron el triunfo en su distrito pero lograron los mejores resultados dentro de su partido; 95 se elegirían por votación directa por circunscripción y partido político, garantizando paridad de género; y ocho serían para mexicanos residentes en el extranjero.
En el caso del Senado, la propuesta plantea una integración de 96 escaños: 64 por mayoría relativa y 32 de primera minoría, eliminando la lista nacional de representación proporcional. Con ello, desaparecería la figura de senadores plurinominales designados a partir de listas nacionales.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la reducción del gasto. El Ejecutivo propone disminuir en 25 por ciento el costo de las elecciones, incluyendo al Instituto Nacional Electoral, a los partidos políticos, a los Organismos Públicos Locales Electorales y a los tribunales electorales. De acuerdo con los datos expuestos por Pablo Gómez, el sistema electoral mexicano tuvo un costo aproximado de 61 mil millones de pesos en 2024, lo que, afirmó, lo ubica entre los más caros del mundo. La reforma contempla ajustar sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE conforme al artículo 127 constitucional, que establece que ningún servidor público puede percibir un salario mayor al de la Presidencia, así como eliminar duplicidades administrativas y reducir el gasto tanto del Congreso federal como de los congresos locales. También se plantea disminuir el número de regidurías en los ayuntamientos, estableciendo un máximo de 15 dependiendo del tamaño poblacional.
En materia de fiscalización, la propuesta otorga al INE acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidaturas, prohíbe las aportaciones en efectivo y obliga a que los recursos se manejen dentro del sistema financiero formal. Asimismo, prevé la incorporación de herramientas tecnológicas para fortalecer la supervisión de ingresos y gastos de campaña.
El proyecto incluye disposiciones para facilitar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, particularmente en lo relativo a la diputación migrante, así como una reducción de los tiempos oficiales en radio y televisión durante los periodos electorales, que pasarían de 48 a 35 minutos diarios por emisora.
Un punto novedoso es la regulación del uso de inteligencia artificial en campañas, con la prohibición expresa de bots y otros mecanismos automatizados en redes sociales que puedan distorsionar la contienda. También se propone que los cómputos distritales inicien al término de la jornada electoral para agilizar la validación de resultados.
En el apartado de democracia participativa, la iniciativa amplía los mecanismos de referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato a estados y municipios, e incorpora la posibilidad de utilizar tecnologías como el voto electrónico en estos instrumentos. Además, reafirma la prohibición de nepotismo en cargos de elección popular, impidiendo que éstos sean heredados a familiares directos, y establece la prohibición de la reelección consecutiva inmediata para todos los cargos de elección popular a partir de 2030.
Pablo Gómez detalló que la Comisión Presidencial realizó 63 audiencias públicas en 31 estados del país y en siete ciudades de Estados Unidos, en las que se recibieron mil 357 propuestas. Según explicó, el modelo actual responde a un contexto histórico distinto y requiere ajustes para fortalecer la legitimidad y la representatividad del sistema democrático. “La representación debe surgir del voto ciudadano”, afirmó.
La presidenta defendió que se trata de reformas “sencillas y racionales” que forman parte de los compromisos planteados en sus primeros 100 puntos de gobierno. También sostuvo que quienes se opongan deberán explicar a la ciudadanía su postura frente a la eliminación de listas plurinominales, al considerar que éstas han sido percibidas como privilegios partidistas.
El envío formal de la iniciativa al Congreso abrirá un debate que requerirá mayoría calificada al tratarse de modificaciones constitucionales. Con ello, el Ejecutivo coloca en el centro de la agenda política una discusión de fondo sobre el diseño institucional del sistema electoral mexicano y el equilibrio entre representación, pluralidad y costos públicos.
