A más de un año de haber sido aprobada por el Congreso de la Unión y por una amplia mayoría de congresos locales, la reforma constitucional que establece un aumento salarial para policías, integrantes de las fuerzas armadas y personal médico continúa sin ser publicada, lo que ha provocado señalamientos de la oposición por la falta de voluntad política para concretar un beneficio que impactaría a más de tres millones de familias en el país.
La modificación al artículo 123 de la Constitución fue avalada de manera contundente en la Cámara de Diputados el 24 de septiembre de 2024, con 478 votos a favor, y posteriormente en el Senado el 9 de octubre del mismo año, donde recibió el respaldo unánime de 125 senadoras y senadores. En las semanas siguientes, al menos 21 congresos locales aprobaron la reforma, cumpliendo así con el requisito constitucional para que el Senado emita la declaratoria de constitucionalidad y se proceda a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Entre los congresos estatales que dieron su aval se encuentran los de Tabasco, Ciudad de México, Tamaulipas, Baja California, Chiapas, Tlaxcala, Sinaloa, Zacatecas, Durango, Yucatán, Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo, Colima, Nayarit, Estado de México, Oaxaca, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Sonora, Guerrero y Guanajuato, lo que confirma que la reforma alcanzó con holgura la mayoría requerida.
Pese a ello, el Senado no ha emitido la declaratoria correspondiente, un paso meramente formal pero indispensable para que la reforma entre en vigor. Esta omisión ha sido duramente cuestionada por legisladores de oposición, quienes acusan un bloqueo injustificado que mantiene en pausa un ajuste salarial largamente esperado por sectores estratégicos para la seguridad y la salud del país.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, recordó que el proceso legislativo está prácticamente concluido desde finales de 2024 y subrayó que no existe explicación clara para la demora. El senador jalisciense calificó como incongruente la postura de Morena, al señalar que en otros casos el Congreso ha aprobado, declarado constitucionales y promulgado reformas en cuestión de días, mientras que esta modificación lleva más de un año detenida pese a contar con todos los avales necesarios.
Castañeda enfatizó que la reforma busca garantizar un salario digno para policías, elementos de las fuerzas armadas y personal médico, profesiones que enfrentan condiciones de alto riesgo y una carga laboral extraordinaria. De acuerdo con el legislador, la falta de publicación no sólo representa un incumplimiento del procedimiento constitucional, sino también una señal negativa para millones de trabajadores y sus familias que siguen esperando un reconocimiento tangible a su labor.
Desde la oposición se ha insistido en que la responsabilidad de destrabar el proceso recae directamente en el Senado, por lo que exigieron que se emita de inmediato la declaratoria de constitucionalidad. Mientras tanto, la reforma permanece en un limbo legislativo que contrasta con la rapidez mostrada en otros cambios constitucionales recientes y mantiene en suspenso un incremento salarial que ya fue aprobado por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales.
