En un mundo cada vez más conectado y globalizado, una de las paradojas más profundas es que un elevado porcentaje de la población —aproximadamente 3 000 millones de personas— enfrenta serias dificultades para cubrir adecuadamente los costos de una vivienda. Así lo advirtió el investigador Miguel Armando López Leyva, coordinador de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al inaugurar el 5.º Congreso Internacional de Estudios sobre la Ciudad.
El análisis parte de datos vinculados a la agenda urbana global, como la Declaración de Quito y la Nueva Agenda Urbana, que establecen el acceso asequible a la vivienda como un elemento clave del desarrollo sostenible. Según López Leyva, esta asequibilidad se encuentra hoy en niveles críticos: los ingresos familiares dedicados a la vivienda suben al 30 % en América Latina, mientras que en regiones más vulnerables como el África subsahariana se llega a niveles de 43 %. En cambio, en Europa y América del Norte la cifra es de alrededor del 21 %.
Estas cifras tienen implicaciones múltiples. Primero, reflejan que millones de hogares viven en una situación de precariedad: no solo en el sentido de que no pueden adquirir una vivienda propia, sino también de que residen en asentamientos informales o en barrios marginales carentes de servicios básicos. Y unos 1 120 millones de personas viven en tales condiciones.
La crisis es producto de una confluencia de factores: dinámicas urbanas que han acelerado la expansión de las ciudades sin planificación adecuada, procesos de financiarización del suelo que elevan los precios del mercado inmobiliario, el cambio en los modelos de trabajo (incluyendo mayor digitalización y movilidad laboral), y los impactos del cambio climático que agravan la vulnerabilidad urbana. Como explicó el director del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), Armando Sánchez Vargas, estas transformaciones obligan a repensar los marcos de gobernanza y planificación urbana.
En la región de América Latina, por ejemplo, se ha observado un fenómeno doble: por un lado la informalidad urbana se consolida con asentamientos cada vez más densificados y verticalizados —como lo explicó el académico Pedro Abramo, de la Universidad Federal de Río de Janeiro—, y por otro, los hogares se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a la vivienda, dejando menores márgenes para otros gastos esenciales.
La emergencia de este reto plantea con urgencia la necesidad de reconstruir el pacto urbano: se trata de diseñar políticas que no solo diversifiquen la oferta de vivienda asequible, sino que también aseguren servicios, movilidad adecuada, inclusión social y ecología urbana. En palabras de López Leyva, “la ciudad, entendida como un sistema de sistemas, exige hoy enfoques integrales capaces de articular lo económico y lo ambiental, lo espacial y lo social”.
Para países como México esta problemática adquiere una dimensión particular: las grandes metrópolis están en el epicentro de estas transformaciones, lo que exige una actuación coordinada entre gobierno, academia y sociedad civil para generar insumos que alimenten políticas públicas efectivas. Las cifras globales, por ende, no pueden seguir siendo solo un llamamiento: deben traducirse en compromisos concretos de cobertura, financiamiento, remodelación urbana sostenible y equidad.
En resumen, la vivienda ya no es únicamente una cuestión de acceso físico o legalidad, sino también de asequibilidad, dignidad y estabilidad social. Que aproximadamente 3 000 millones de personas en el mundo se encuentren con severos obstáculos para costear una vivienda digna incluye tanto nuestros países como el ecosistema global. Es un desafío múltiple: de contexto urbano, de modelo de desarrollo, de justicia social y de gobernanza. Y debe abordarse con la urgencia que la magnitud del problema exige.
