El Congreso mexicano dio un paso decisivo —y polémico—: la Cámara de Diputados aprobó en comisión un dictamen que implica incrementos importantes —e incluso nuevos aranceles— a las importaciones procedentes de países con los que México no mantiene un Tratado de Libre Comercio. La reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) contempla modificar alrededor de 1 463 fracciones arancelarias, lo que impactará a sectores clave como el automotriz, textil, siderúrgico, de muebles, juguetes, calzado, plástico, vidrio, papel y otros productos de consumo.
La propuesta original del Ejecutivo establecía aumentos radicales —en algunos casos hasta del 50 %— en los aranceles. No obstante, tras negociaciones con diversos sectores, los diputados modificaron el dictamen y ajustaron varias tasas; en la versión aprobada prevalecen tarifas que en promedio oscilan entre 7 % y 35 %, aunque ciertas fracciones seguirán gravadas hasta en un 50 %
Durante el debate legislativo, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Gloria Núñez, quien votó en contra de la iniciativa junto con la Bancada Naranja, advirtió sobre un punto clave que, según su bancada, quedó omitido en el dictamen: en el texto original la vigencia de la reforma tenía un plazo determinado —hasta el 31 de diciembre de 2026—, pero en la versión aprobada esa limitación desaparece. Así, la reforma quedaría vigente sin un horizonte definido. En ese sentido, Núñez externó su preocupación por la eventual opacidad en el manejo de los ingresos extra que dicha reforma podría generar.
Por otra parte, citando datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), Núñez señaló que la reforma podría tener un impacto relevante en la balanza comercial: estiman que las importaciones afectadas representan alrededor de 51 910 millones de dólares, lo que equivale al 8.3 % del total importado durante 2024. Este dato refuerza la advertencia de la diputada respecto al riesgo de que una mayor recaudación —de concretarse— sea manejada sin la transparencia suficiente.
El gobierno argumenta que la reforma responde a la necesidad de proteger la industria nacional, incentivar la sustitución de importaciones y reducir la dependencia de bienes extranjeros de bajo costo, en particular de países asiáticos con los que no existe un tratado comercial. De acuerdo con los impulsores, estas medidas podrían aumentar sustancialmente los ingresos públicos: se estima que la recaudación por impuestos a la importación llegará a nuevas cifras en 2026.
No obstante, analistas y representantes del sector productivo advierten que el alza arancelaria podría encarecer materias primas e insumos fundamentales, lo que —a su vez— podría trasladarse al consumidor final, generar incertidumbre en cadenas de suministro y afectar la competitividad de la industria. En sectores como el automotriz, textil o de bienes manufacturados, donde se depende de importaciones intermedias, el aumento de costos podría mermar inversiones y crecimiento.
La reforma, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, llega en un contexto internacional complejo, caracterizado por tensiones comerciales y una creciente rivalidad entre potencias, además de levantar sospechas respecto al alineamiento con políticas estadounidenses. Para el gobierno, el alza en aranceles es parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la autosuficiencia industrial. Pero para muchos, su implementación obliga a mantener una vigilancia estricta sobre la transparencia del uso de los recursos que podría generar, así como considerar las consecuencias económicas y sociales para México.
