El gobierno federal de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció este lunes 5 de enero la colocación de 9 mil millones de dólares en bonos emitidos en los mercados internacionales, marcando una de las emisiones más importantes del inicio del año y consolidando su estrategia de financiamiento externo para 2026.
La colocación se realizó en tres tramos diferenciados por plazo y condiciones, una estructura deliberada para diversificar los vencimientos y fijar puntos de referencia en la curva de deuda soberana mexicana denominados en dólares: un bono por 3 mil millones de dólares con vencimiento a 8 años, otro por 4 mil millones a 12 años, y un tercero por 2 mil millones con plazo de 30 años. Según la SHCP, esta operación fue posible gracias a una demanda de alrededor de 30 mil millones de dólares, más de tres veces el monto ofrecido, con órdenes de compra procedentes de casi 280 inversionistas globales.
Hacienda destacó que las condiciones de mercado y la liquidez internacional en los primeros días del año favorecieron una colocación con tasas relativamente menores comparadas con emisiones recientes, consolidando a México como uno de los primeros soberanos latinoamericanos en salir al mercado este 2026. La emisión también establece tres “puntos de referencia líquidos” en dólares para plazos intermedios y largos, lo que —en teoría— facilita el acceso a nuevos financiamientos públicos y privados en el futuro.
Aunque el comunicado oficial y la cobertura mediática subrayan el éxito técnico de la operación, la decisión de endeudarse más no está exenta de preocupaciones. Emitir deuda en dólares implica comprometerse a pagar el capital y los intereses en moneda extranjera, lo que agrega un riesgo de cambio considerable: si el dólar se aprecia frente al peso, el costo real de esa deuda aumentará para la hacienda pública mexicana.
El movimiento responde en parte a la necesidad del gobierno de asegurar dólares suficientes para cubrir amortizaciones de deuda previa y gastos en moneda extranjera programados para 2026, una gestión que Hacienda argumenta como responsable y anticipada ante un entorno global financiero que puede volverse volátil. El secretario de Hacienda ha defendido la colocación como un ejercicio prudente dentro del Plan Anual de Financiamiento 2026 y en línea con el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso.
No obstante, estos recursos se suman a una estructura de deuda pública que ha mostrado un crecimiento persistente. Datos oficiales recientes indican que la deuda total del sector público federal rondaba ya los 18.2 billones de pesos al cierre de noviembre de 2025, lo que equivale a más de 137 mil pesos por cada mexicano si se distribuye de manera proporcional entre la población. Esta cifra refleja tanto compromisos internos como externos que el país ha acumulado en los últimos años, reflejando desafíos de ingresos versus gastos que el gobierno aún no ha logrado equilibrar plenamente.
Al cerrar la primera semana de 2026, México no sólo ha marcado el paso en los mercados financieros, sino que ha puesto de nuevo sobre la mesa la discusión sobre la sostenibilidad de su deuda y la dirección económica del país en los próximos años. La pregunta que queda es si este nuevo endeudamiento logrará consolidar estabilidad o si, en un entorno global incierto, significará mayores ataduras para las finanzas públicas mexicanas.
