El conflicto estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) atraviesa uno de sus momentos más delicados en los últimos años. Las protestas que comenzaron con denuncias internas por carencias académicas y administrativas evolucionaron hacia una movilización de mayor alcance que ya incluye paros en distintas escuelas, bloqueos de vialidades estratégicas como Circuito Interior y manifestaciones masivas en las unidades profesionales de Zacatenco y el Casco de Santo Tomás. La inconformidad de los estudiantes se concentra en un pliego petitorio que cuestiona directamente la conducción institucional encabezada por Arturo Reyes Sandoval y denuncia presuntos actos de corrupción, abandono de infraestructura, inseguridad y omisiones frente a casos de violencia de género.
Las movilizaciones han sido impulsadas por asambleas estudiantiles de diversas escuelas superiores y vocacionales, cuyos representantes sostienen que el deterioro operativo del IPN dejó de ser un problema aislado para convertirse en una crisis estructural. En las últimas semanas, alumnos de planteles como la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Escuela Superior de Comercio y Administración y otras unidades académicas denunciaron que las condiciones mínimas para garantizar el funcionamiento adecuado de laboratorios, aulas y servicios básicos ya no están cubiertas.
Uno de los puntos centrales del pliego petitorio es la exigencia de destitución inmediata del director general y de funcionarios vinculados con la administración central. Los estudiantes argumentan que existe una pérdida de confianza en las autoridades debido a presuntas irregularidades financieras y a la falta de transparencia en el manejo presupuestal. Particularmente, las protestas han puesto bajo escrutinio al patronato denominado “Corazón Guinda y Blanco”, señalado por estudiantes organizados como un organismo opaco respecto al uso de recursos y la asignación de apoyos. Aunque hasta ahora no existe una resolución judicial que confirme actos ilícitos, los manifestantes exigen auditorías independientes y la publicación detallada del destino de fondos institucionales.
La demanda de transparencia financiera surge además en un contexto donde múltiples escuelas reportan carencias severas. Los estudiantes aseguran que existen laboratorios con equipo obsoleto o inoperante, talleres sin mantenimiento, edificios con filtraciones, instalaciones eléctricas deterioradas y falta constante de materiales básicos. En algunos planteles se denunciaron problemas recurrentes de abastecimiento de agua potable y escasez de insumos administrativos, incluyendo papel para trámites escolares. También se han documentado inconformidades por grupos saturados y déficit de profesores, situación que, según los estudiantes, afecta directamente la calidad académica y provoca retrasos en asignaturas y procesos de titulación.
Otro eje de la protesta está relacionado con la seguridad dentro y fuera de las instalaciones politécnicas. Las asambleas estudiantiles afirman que la comunidad enfrenta un incremento en robos, agresiones y situaciones de riesgo en inmediaciones de escuelas y centros de estudio. Los manifestantes sostienen que las medidas implementadas por las autoridades han sido insuficientes y reclaman protocolos efectivos de protección para alumnos, docentes y trabajadores.
La crisis también tiene un componente de género que ha cobrado fuerza dentro de las movilizaciones. Colectivos feministas del IPN denunciaron la persistencia de casos de acoso, hostigamiento y violencia sexual que, aseguran, no han sido atendidos adecuadamente por las autoridades institucionales. Entre las exigencias destacan la revisión integral de protocolos de atención, sanciones contra agresores, acompañamiento psicológico y jurídico para víctimas, así como la creación de mecanismos independientes de denuncia. Las estudiantes sostienen que existe revictimización y lentitud en la resolución de expedientes, lo que alimentó el descontento generalizado.
El pliego petitorio difundido por las asambleas incluye además demandas orientadas a democratizar la toma de decisiones dentro del IPN. Los estudiantes piden mayor representación de la comunidad en órganos internos, transparencia en designaciones administrativas y mecanismos permanentes de diálogo público. También exigen garantías de que no habrá represalias académicas o administrativas contra quienes participan en paros y movilizaciones.
Las protestas escalaron cuando contingentes estudiantiles bloquearon tramos de Circuito Interior y realizaron marchas hacia oficinas administrativas del instituto y dependencias federales. Las manifestaciones provocaron afectaciones viales importantes en la Ciudad de México y obligaron a suspender actividades presenciales en algunos planteles. En respuesta, autoridades del IPN señalaron en comunicados oficiales su disposición al diálogo y aseguraron que varias de las problemáticas denunciadas forman parte de procesos de atención ya iniciados. Sin embargo, los estudiantes consideran insuficientes las respuestas institucionales y mantienen la exigencia de cambios inmediatos.
La situación ocurre en un momento particularmente sensible para el sistema de educación pública superior en México, donde distintas universidades y centros educativos enfrentan presiones presupuestales, conflictos laborales y cuestionamientos sobre gobernanza interna. En el caso del IPN, la magnitud de las protestas refleja un descontento acumulado que rebasa demandas aisladas y coloca bajo presión a la administración central del instituto.
Mientras continúan las mesas de negociación y las asambleas estudiantiles definen nuevas acciones, el conflicto mantiene en tensión a una de las instituciones educativas más importantes del país. El desarrollo de las próximas semanas será determinante para conocer si las autoridades logran contener la inconformidad mediante acuerdos concretos o si el movimiento estudiantil amplía todavía más el nivel de movilización dentro y fuera de los planteles politécnicos.
