En medio de la creciente preocupación por la libertad de expresión en México, la encuesta semanal EnBoga preguntó a su audiencia sobre las razones detrás de la aprobación de la llamada “#LeyCensura” en entidades como Puebla y Tabasco. Estos estados han avalado reformas que permiten sancionar hasta con tres años de prisión a personas que, en internet, emitan opiniones consideradas ofensivas, discriminatorias o incitadoras al odio. La polémica ha girado principalmente en torno a la posibilidad de que dichas leyes sirvan para inhibir la crítica al poder.
Ante la pregunta: “¿Por qué crees que fueron aprobadas estas leyes?”, la mayoría de las personas encuestadas eligió la opción “Callar a opositores” con un 57.1%, lo que muestra un alto grado de desconfianza ciudadana respecto a las intenciones detrás de estas reformas. Un 28.6% opinó que la verdadera motivación es “Buscar la opacidad”, es decir, dificultar el escrutinio público y el libre debate sobre la actuación de los gobiernos estatales. En tanto, el 14.3% consideró que estas leyes buscan “Sumar a otras entidades”, en lo que se podría interpretar como un efecto dominó que podría extenderse a otras partes del país.
Organizaciones civiles como Artículo 19 y académicos en temas legales y digitales han advertido que este tipo de normativas podrían abrir la puerta a la criminalización de la crítica, el humor político o la denuncia en redes sociales, en lugar de enfocarse en sancionar verdaderos discursos de odio. El hecho de que las respuestas mayoritarias de la encuesta se inclinen hacia la sospecha de censura o encubrimiento refuerza estos señalamientos.
La polémica continuará mientras se definen los alcances reales de estas leyes y su aplicación práctica. Por lo pronto, la ciudadanía parece estar en alerta.
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