En un giro de alta repercusión política y legal, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó esta semana ante un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York una acusación formal que no solo sacude a Caracas, sino que extiende su sombra hasta territorio mexicano. El presidente venezolano Nicolás Maduro Moros, su esposa Cilia Flores y varios alfiles de su régimen fueron señalados en un extenso indictment por cargos de narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína a territorio estadounidense y otros delitos federales que configuran, en palabras de fiscales norteamericanos, una red de criminalidad internacional que habría funcionado durante décadas, utilizando la estructura del Estado venezolano para facilitar el tránsito de droga y protección a organizaciones delictivas externas.
El documento judicial, de más de veinte páginas, describe cómo esa supuesta red habría pactado, coordinado y protegido envíos de cocaína desde Colombia, pasando por Venezuela y México, hasta llegar a Estados Unidos, aprovechando puertos, aeropuertos, aeronaves oficiales, incluso pasaportes diplomáticos para cubrir operaciones ilícitas. La acusación menciona explícitamente vínculos operativos con grupos armados colombianos, como las FARC y el ELN, y con organizaciones de origen mexicano que han marcado el tráfico de drogas en la región: el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.
La inclusión de estos grupos criminales mexicanos en el auto de acusación estadounidense introduce a México en una narrativa judicial en la que hasta ahora había estado más como país de tránsito que como actor mencionado en un caso contra un jefe de Estado. No se trata de una mera referencia anecdótica: la acusación sostiene que la logística y las rutas que conectan a Sudamérica con Estados Unidos no solo utilizaron pasos por tierra en México, sino que hubo una cooperación sistémica entre supuestos actores estatales venezolanos y redes criminales con presencia histórica en el país norteamericano.
México está “gobernado por los cárteles”
Este desarrollo judicial ocurre en paralelo a declaraciones contundentes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aprovechó la cobertura mediática tras la operación que derivó en la detención de Maduro para posicionar a México en el centro de la seguridad regional. En una entrevista con Fox News, Trump afirmó que México está “gobernado por los cárteles”, y rechazó que la acción contra Venezuela tuviera como objetivo enviar un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque insistió en que “algo habrá que hacer con México” para enfrentar a esos grupos criminales que, según él, controlan amplias regiones al sur de la frontera. En ese contexto, reveló que ha ofrecido en múltiples ocasiones apoyo para desmantelar a los cárteles, oferta que, según dijo, Sheinbaum ha declinado.
Las palabras del presidente estadounidense, que han encendido un debate político y diplomático, no son triviales en un momento en que la cooperación bilateral en materia de seguridad está ya tensionada por el creciente flujo de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, y por las críticas de Washington a la estrategia de seguridad mexicana. Trump no solo reforzó una narrativa que sitúa al crimen organizado mexicano como un problema que trasciende fronteras, sino que lo ligó directamente al caso venezolano en términos de criminalidad transnacional.
Desde la Ciudad de México, el gobierno de Sheinbaum ha mantenido una postura formal de rechazo a acciones unilaterales en la región que violen el principio de no intervención, enfatizando la necesidad de respeto al derecho internacional y cooperación en lugar de confrontación abierta. Las declaraciones de Trump, por tanto, llegan en un momento delicado para las relaciones bilaterales, justo cuando la administración mexicana intenta equilibrar la presión internacional para combatir el narcotráfico con su propia estrategia de seguridad y soberanía.
Más allá de la retórica, el caso judicial contra Maduro abre una nueva coyuntura en la que México, por su papel geográfico y la histórica presencia de cárteles como el de Sinaloa o Los Zetas, figura como un territorio clave en la narrativa estadounidense sobre narcotráfico y narco-terrorismo. Aunque el documento del gran jurado no presenta cargos en contra de ciudadanos mexicanos ni implica una acción legal directa contra el Estado mexicano, sí establece un marco de acusaciones que puede influir en la política regional y la cooperación judicial entre Washington y la Ciudad de México en los meses y años por venir.
A nivel político, la situación plantea preguntas urgentes: ¿cómo responderá México a las crecientes expectativas de Washington para una estrategia más agresiva contra los cárteles? ¿Podría este episodio judicial fortalecer los mecanismos de colaboración regional o, por el contrario, agudizar tensiones? En medio de un escenario internacional volátil, el caso Maduro se ha convertido en un espejo en el que confluyen justicia penal internacional, política exterior y los desafíos estructurales del combate contra el crimen organizado. La respuesta de México a este desafío será, sin duda, uno de los temas más observados en la agenda bilateral en los próximos meses.
