El analista político y académico Edgardo Buscaglia calificó como un “disparate jurídico” la exigencia de pruebas concluyentes por parte de autoridades mexicanas frente a solicitudes de extradición provenientes de Estados Unidos, en un contexto marcado por señalamientos hacia el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El especialista sostuvo que, conforme a los estándares internacionales, la evidencia se construye durante el proceso judicial y no como un requisito previo para iniciar un procedimiento de extradición.
Durante una entrevista en el espacio Aristegui en Vivo, Buscaglia explicó que lo procedente en este tipo de casos es solicitar información o material potencialmente probatorio, bajo el principio de buena fe que rige entre Estados. Dicho principio implica que las solicitudes de extradición se presumen sustentadas en elementos suficientes para dar paso al proceso judicial correspondiente, sin que ello signifique la presentación anticipada de pruebas definitivas.
El académico cuestionó la postura inicial de la Fiscalía General de la República y de algunos legisladores mexicanos, al considerar que se aparta de prácticas previamente observadas en el país. Señaló que, de acuerdo con su análisis de al menos 90 casos de extradición durante la actual administración, México ha concedido solicitudes con una carga probatoria inferior a la reportada en el caso reciente relacionado con funcionarios de Sinaloa.
En este contexto, advirtió que la reacción institucional frente a acusaciones contra servidores públicos refleja la continuidad de un “pacto político de impunidad mafiosa”, una dinámica que, según dijo, ha caracterizado al Estado mexicano durante décadas. A su juicio, la falta de aplicación de mecanismos contemplados en tratados internacionales, como la detención provisional con fines de extradición, podría facilitar la evasión de la justicia en asuntos vinculados con delincuencia organizada.
Las declaraciones de Buscaglia se dan en paralelo a posicionamientos del gobierno federal, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que, en ausencia de pruebas claras, algunas imputaciones provenientes de Estados Unidos podrían tener motivaciones políticas. Frente a ello, el académico insistió en que la discusión no debe centrarse en exigir pruebas concluyentes desde el inicio, sino en permitir que los procesos judiciales se desarrollen conforme a derecho.
El especialista planteó que el caso actual representa una “oportunidad histórica” para que el gobierno mexicano impulse un acuerdo político amplio orientado a investigar y procesar a funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado. En su análisis, subrayó la necesidad de construir un pacto de integridad antimafia que permita romper con los patrones de protección institucional a redes criminales.
Buscaglia comparó la coyuntura mexicana con experiencias internacionales como las de Italia y Colombia, donde los avances en el combate a estructuras delictivas se lograron mediante acuerdos políticos y procesos judiciales de gran alcance. Sin embargo, consideró que, hasta el momento, no se observa una respuesta equivalente en México.
Finalmente, anticipó que autoridades estadounidenses podrían ampliar sus investigaciones más allá del Cártel de Sinaloa, incluyendo posibles casos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como nuevas solicitudes de extradición contra funcionarios públicos en las próximas semanas o meses, lo que podría intensificar la presión sobre las instituciones mexicanas y poner a prueba su actuación frente a estándares internacionales de justicia.
