El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó un estado de sitio nacional por 30 días tras una escalada de motines en cárceles y ataques contra la Policía Nacional Civil (PNC) que dejaron al menos ocho agentes muertos, en lo que las autoridades califican como una ofensiva criminal de la pandilla Barrio 18 y otros grupos del crimen organizado.
La medida, anunciada el 18 de enero, concede facultades extraordinarias a la PNC y al Ejército para restaurar el orden, combatir a las pandillas e “impedir sus acciones terroristas”, según el decreto presidencial emitido por Arévalo.
El estado de sitio, que debe ser ratificado por el Congreso, permite la suspensión temporal de derechos constitucionales, como la libertad de reunión y manifestación, y faculta a las fuerzas de seguridad para realizar detenciones e interrogatorios sin orden judicial en respuesta a la grave crisis de violencia.
La emergencia se originó tras motines simultáneos en tres centros carcelarios del país, protagonizados por internos vinculados a la pandilla Barrio 18, que según autoridades buscaron presionar a las autoridades con exigencias de privilegios para sus líderes encarcelados.
Las prisiones afectadas fueron:
- Renovación I, en Escuintla.
- Fraijanes II, en la capital.
- Centro Preventivo de la zona 18, también en Ciudad de Guatemala.
En estos recintos, los reos se amotinaron, tomaron decenas de guardianes como rehenes y, en el caso de Renovación I, incluso incendiaron un vehículo en la zona de acceso, lo que obligó a reforzar con unidades militares blindadas la seguridad para evitar fugas.
Tras la intervención de las fuerzas de seguridad para retomar el control de las cárceles, se registraron ataques coordinados contra agentes de la PNC en diferentes puntos del país, en lo que el gobierno calificó como acciones de retaliación por parte de las pandillas.
El saldo, hasta la mañana del 18 de enero, fue de ocho policías asesinados en emboscadas y enfrentamientos armados con grupos criminales.
El presidente Arévalo condenó estos hechos en un mensaje oficial, afirmando que los ataques buscaban intimidar a las fuerzas de seguridad y a la población, pero que el Estado no dará marcha atrás en su lucha contra el crimen organizado.
Origen del conflicto: tensiones entre pandillas y el Estado
La violencia reciente tiene antecedentes en décadas de enfrentamientos entre el Estado guatemalteco y pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), ambas declaradas organizaciones terroristas por el propio Congreso guatemalteco tras presiones legislativas en 2025.
El detonante inmediato de la crisis fue la decisión de las autoridades penitenciarias de restringir privilegios a líderes de estas bandas, lo que generó protestas internas y motines en los tres centros de detención mencionados.
Frente a la oleada de violencia, el gobierno guatemalteco ha desplegado policías y militares en todo el territorio nacional para retomar el control de las prisiones, garantizar la seguridad pública y prevenir más ataques criminales.
Además del estado de sitio, el presidente Arévalo declaró tres días de luto nacional por los agentes fallecidos durante los enfrentamientos con las pandillas.
Impacto social y medidas de seguridad
El estado de sitio ha provocado una alerta generalizada en materia de seguridad, con la presencia visible de fuerzas armadas en las principales ciudades y rutas del país, así como la suspensión preventiva de clases y eventos públicos en algunas zonas para proteger a la ciudadanía.
El gobierno ha asegurado que la medida no busca afectar la vida cotidiana de la población, sino fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la violencia estructural generada por las maras.
