El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, impuso sanciones al sector aéreo mexicano tras acusar a México de incumplir el Acuerdo de Transporte Aéreo Bilateral firmado en 2015. El motivo central es la decisión del gobierno mexicano de trasladar por decreto las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sin haber concluido las obras necesarias en el AICM que justificaran esa medida, lo que según el Departamento de Transporte estadounidense representó una afectación directa a las aerolíneas de carga de ese país que se vieron forzadas a asumir costos operativos millonarios por reubicarse en un aeropuerto con menor conectividad y menor infraestructura especializada.
Sanciones de Washington
Como respuesta, Washington impuso una serie de restricciones que afectan de forma directa a las aerolíneas mexicanas las cuales ahora deberán presentar sus horarios de vuelo con mayor anticipación ante el gobierno estadounidense, además se limitarán los vuelos chárter y se inició el proceso para cancelar la inmunidad antimonopolio de la alianza Delta–Aeroméxico lo que podría afectar seriamente sus operaciones coordinadas entre ambos países.
Estas medidas fueron calificadas como represalias por prácticas que Washington considera discriminatorias y contrarias al espíritu del acuerdo bilateral y llegan en un momento en el que la administración Trump ha retomado una postura proteccionista bajo la bandera de America First, presionando a socios comerciales como México para ajustar sus políticas internas al interés de empresas estadounidenses.
El AIFA en el centro de la polémica
Aunque desde 2022 el gobierno mexicano justificó el traslado de operaciones al AIFA como parte de una estrategia para descongestionar el AICM, lo cierto es que tres años después las obras en el aeropuerto capitalino siguen sin concluir, lo que ha generado molestia entre autoridades y operadores logísticos internacionales y hoy coloca al país en el centro de una disputa que no sólo afecta al sector aéreo sino también a la relación bilateral más amplia entre México y Estados Unidos.
Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una respuesta formal; sin embargo, el impacto de las sanciones podría escalar si no se revisan las decisiones tomadas sobre la gestión aeroportuaria y se restaura la confianza en el cumplimiento de acuerdos internacionales por parte del Estado mexicano.
