El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, presidido por Roberto Lyle Fritch, lanzó hoy un llamado contundente a los tres niveles de gobierno para que implementen medidas contundentes tras un repunte de la violencia en Baja California.
El detonante fueron dos hechos recientes: el asesinato del subcomandante de la Policía Municipal de Mexicali el pasado 14 de julio, y una serie de ataques a elementos de seguridad y civiles en Tijuana. Estas situaciones, advirtió Lyle Fritch, evidencian que la percepción de inseguridad no solo persiste, sino que va en ascenso, consolidándose como un factor determinante que frena la inversión privada y desacelera la recuperación del turismo.
Aumentó percepción de inseguridad
También enfatizó que la percepción de inseguridad en la Zona Metropolitana de Tijuana aumentó del 73.6 % en diciembre de 2024 al 84.1 % en mayo de 2025, con un repunte sostenido desde marzo. A su vez, el CCE señala que, aunque la incidencia delictiva había mostrado una tendencia a la baja hasta febrero, a partir de marzo se observó un incremento en crímenes que agravan la sensación de vulnerabilidad.
Según el Observatorio de Seguridad, la inseguridad encabeza la lista de preocupaciones de los ciudadanos (84 %), seguida de temas como salud (82 %), aumento de precios (79.9 %) y la sentir de impunidad ante delincuentes (79 %).
“Estos hechos recientes reflejan que la violencia y la inseguridad no han disminuido como se percibía en meses anteriores, ya que la ciudadanía siente temor constante y la iniciativa privada enfrenta un ambiente adverso para operar y atraer inversión”, declaró el dirigente.

El impacto en el sector privado
El CCE advierte que el “cobro de piso” –extorsión dirigida a negocios– ya afecta a casi 37 % de los hogares en Tijuana. Los sectores más golpeados son el comercio al por menor, restaurantes y servicios de alimentación, transporte de carga y las pymes familiares.
Este entorno hostil no solo pone en riesgo la operación diaria de las empresas, sino que también aleja a potenciales inversionistas: la incertidumbre sobre la seguridad local impacta dureza en decisiones de expansión, inversión extranjera y desarrollo de infraestructuras críticas.
Llamado a una estrategia integral
Roberto Lyle Fritch enfatizó que ya no bastan operativos aislados: se requieren políticas públicas de largo aliento, que combatan las raíces de la violencia e impulsen justicia eficaz. El empresario argumenta que es necesario un análisis profundo y la implementación de estrategias integrales para atender no sólo la incidencia delictiva, sino también los factores estructurales que deterioran la confianza de la ciudadanía.

Amenaza real
El llamado del CCE Tijuana no puede ser ignorado: los recientes hechos violentos y el deterioro en la percepción de seguridad representan una amenaza real al ambiente de inversión en la región. Si las autoridades no canalizan recursos hacia una estrategia integral —que incluya prevención, aplicación rigurosa de la ley, reformas judiciales y programas sociales—, el efecto negativo sobre empleo, crecimiento económico, turismo y oportunidades de inversión será tangible y duradero.