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CCE Tijuana rechaza cambios a la Ley de Amparo: “Debilitan el Estado de Derecho”

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Roberto Lyle Fritch, expresó un firme rechazo a la iniciativa presidencial que busca reformar la Ley de Amparo, al considerar que vulnera derechos fundamentales y deja en indefensión a ciudadanos y empresas.
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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Roberto Lyle Fritch, expresó un firme rechazo a la iniciativa presidencial que busca reformar la Ley de Amparo, al considerar que vulnera derechos fundamentales y deja en indefensión a ciudadanos y empresas.

Lyle Fritch advirtió que la eliminación de suspensiones provisionales transformaría al amparo en una figura “letra muerta”, incapaz de frenar abusos de autoridad mientras se resuelve un litigio. “Estas medidas no sólo afectan a grandes empresas, sino también a familias y ciudadanos que recurren al amparo para proteger su patrimonio o su libertad”, subrayó.

El dirigente empresarial alertó que los cambios impactarían en temas críticos como bloqueos de cuentas bancarias, prisión preventiva oficiosa y defensas en materia fiscal. En la práctica —señaló— significaría ganar un juicio en dos años cuando la empresa ya quebró o una familia perdió sus recursos.

Además, criticó que la iniciativa se haya presentado el 15 de septiembre, en un contexto simbólico que, a su juicio, buscó minimizar el debate público. También advirtió un trasfondo recaudatorio, pues al limitar los recursos contra créditos fiscales se favorecería la rapidez de la hacienda pública en detrimento de los contribuyentes.

“Lo que necesitamos es fortalecer el Estado de Derecho, no debilitarlo. Una justicia expedita no puede lograrse sacrificando garantías individuales ni herramientas legales que históricamente han protegido a los ciudadanos”, enfatizó Lyle Fritch.

Finalmente, llamó a los legisladores a abrir un diálogo amplio con especialistas, empresarios y sociedad civil para preservar la certeza jurídica, fomentar la inversión y garantizar la tutela efectiva de los derechos humanos en México.

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