A once meses de iniciada la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana presentó un balance de logros y pendientes del gobierno federal. El organismo, encabezado por Roberto Lyle Fritch, reconoció avances en seguridad pública y en política industrial, pero advirtió rezagos preocupantes en crecimiento económico, formalidad empresarial e inversión.
En el marco del primer Informe de Gobierno, Lyle Fritch destacó como acierto el “Plan México”, estrategia orientada a fortalecer la proveeduría local y aumentar el contenido nacional en sectores estratégicos como el automotriz, aeroespacial, electrónico y de semiconductores. “Es un paso correcto que busca reducir la dependencia de importaciones y consolidar cadenas de valor globales”, señaló.
Otro punto positivo, según el líder empresarial, es el cambio de rumbo en materia de seguridad, donde se ha privilegiado la inteligencia y la investigación para combatir a la delincuencia organizada. Como resultado, refirió, se han concretado decomisos relevantes, detenciones de alto impacto y una reducción del 25.3% en homicidios dolosos, al pasar de un promedio de más de 90 diarios en el sexenio anterior a 65 en la actualidad.
No obstante, el dirigente alertó sobre la fragilidad económica del país. Al mes de julio, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional apenas creció 0.2%, lo que coloca a México al final del listado latinoamericano, por encima únicamente de Venezuela. A ello se suma la pérdida de empresas y el aumento de la informalidad, que alcanza ya al 57.2% de la economía, es decir, seis de cada diez negocios operan fuera del marco legal.
“La informalidad limita la recaudación y deja a millones de trabajadores sin acceso a prestaciones ni seguridad social”, subrayó Lyle Fritch.
El líder empresarial también señaló que la caída en la inversión nacional responde en gran parte a la reforma judicial y a las tensiones comerciales, que han derivado en aranceles de hasta 50% en acero y aluminio, y de 25% en autopartes de origen mexicano.
Otro tema pendiente, apuntó, es la actualización de las tablas del Impuesto sobre Productos del Trabajo, que llevan siete años sin modificarse. Esto, dijo, golpea especialmente a los trabajadores de Baja California, donde el salario mínimo es 50% mayor al del resto del país. “Un colaborador puede llegar a pagar hasta el 51% de impuestos cuando recibe alguna prestación adicional”, explicó.
Finalmente, Lyle Fritch advirtió que, si no se logra un crecimiento económico sostenido y no se frena el avance de la informalidad, los avances en seguridad y en política industrial “corren el riesgo de quedarse cortos”.
