El Paquete Económico 2026 presentado por el gobierno federal abrió un nuevo frente de debate político y social: la creación de un impuesto especial del 8% a los videojuegos con contenido violento. La medida, incluida en el rubro de servicios digitales, tiene como objetivo recaudar 183 millones de pesos durante 2026.
La propuesta ha sido cuestionada por opositores y especialistas en políticas digitales, quienes advierten que podría representar una forma de censura indirecta y un golpe a la industria del entretenimiento digital en México, uno de los mercados más dinámicos en América Latina.
Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el gravamen bajo el argumento de que forma parte de su estrategia de seguridad pública.
“Vamos a hablar en algún momento de videojuegos. Evidentemente no vamos a entrar en un tema de prohibición, pero sí de la atención que deben prestar padres y madres de familia al uso de los videojuegos, y qué tipo de videojuegos, cómo se usan en línea”, señaló la mandataria.
El Ejecutivo justifica la medida como un mecanismo de regulación de consumos con efectos sociales, al considerar que los videojuegos violentos influyen en conductas de riesgo, particularmente en adolescentes.
Sin embargo, críticos advierten que el impuesto podría abrir la puerta a una clasificación arbitraria sobre qué títulos se consideran violentos, además de afectar el acceso a plataformas digitales que ya pagan otros gravámenes en el país. Además de existir estudios que aseguran que no existe una relación entre los videojuegos y el comportamiento violentos de los adolescentes.
La propuesta será discutida en las próximas semanas en la Cámara de Diputados, donde se anticipa un intenso debate entre quienes defienden el impuesto como parte de una política de prevención y aquellos que lo ven como un nuevo costo para los consumidores y una medida simbólica con escaso impacto en la seguridad.
