La comparecencia ante un tribunal federal en California del ex atleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado de liderar una sofisticada y violenta red internacional de narcotráfico, se ha convertido en un punto de fricción entre narrativas oficiales y defensivas que reabre –con renovada intensidad– el debate sobre las operaciones de agencias estadounidenses en territorio mexicano y la transparencia del Gobierno mexicano en asuntos de seguridad y justicia internacional. Wedding, quien fuera agregado a la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI y contra quien pesan 17 cargos federales que incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero y homicidio, se declaró no culpable ante el juez el pasado lunes, marcando el inicio formal de un proceso que podría prolongarse meses antes de llegar a juicio.
Pero más allá de lo estrictamente jurídico, la jornada fue dominada por una declaración que resonó en la prensa internacional y en los círculos diplomáticos: la de Anthony Colombo, abogado defensor de Wedding. Ante la prensa a las afueras de la Corte Federal del Distrito Central de California, Colombo fue tajante al contradecir la versión difundida por el Gobierno de México respecto a cómo se produjo la detención de su cliente. “No se entregó, fue arrestado (…) cualquier versión que el Gobierno de México trate de difundir, de que se entregó, es inexacta”, sostuvo el litigante, subrayando que su cliente no acudió voluntariamente ante las autoridades estadounidenses, sino que fue detenido en territorio mexicano.
La discrepancia en torno a los hechos es significativa. El Ejecutivo mexicano, desde las más altas esferas, ha sostenido que Wedding se presentó de manera voluntaria en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México antes de ser trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos federales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha negado de manera enfática que existan operaciones conjuntas de agencias estadounidenses en suelo mexicano, asegurando que la detención se realizó sin participación directa de fuerzas como el FBI y que “los agentes tienen muy claras sus limitaciones” bajo el marco de la soberanía nacional.
Este contraste de versiones –defensa versus Gobierno mexicano– no es un mero detalle semántico ni una disputa menor de comunicación: entra de lleno en el terreno de la soberanía, la colaboración internacional en seguridad y la percepción pública de cómo se llevan a cabo las detenciones de fugitivos de alto perfil en México. Si bien fuentes oficiales de Estados Unidos, incluyendo a la fiscal general Pamela Bondi, señalaron que agentes del Departamento de Justicia y del FBI estuvieron involucrados en la aprehensión de Wedding, la narrativa oficial mexicana ha intentado deslindarse de cualquier operación estadounidense dentro de territorio nacional, privilegiando la idea de una entrega voluntaria.
Expertos en seguridad consultados por medios internacionales sugieren que esta discrepancia puede obedecer tanto a interpretaciones distintas de los hechos como a un cálculo político de las autoridades mexicanas para evitar controversias internas sobre la presencia y actuación de fuerzas extranjeras en operaciones de seguridad. La detención de Wedding, temido por las autoridades por su supuesta vinculación al Cártel de Sinaloa y por coordinar envíos de decenas de toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Canadá, ocurrió tras una larga búsqueda internacional que incluyó el ofrecimiento de recompensas millonarias y esfuerzos coordinados entre múltiples agencias.
Anthony Colombo, abogado con experiencia en casos de alto perfil, no sólo desestimó la versión de la entrega voluntaria, sino que además remarcó que, en su opinión, el proceso debería centrarse en garantizar un juicio justo para su defendido, insistiendo en que serán los hechos y no las versiones oficiales los que se esclarecerán conforme avance el caso. La declaración del defensor pone en el centro de la discusión no sólo los mecanismos de detención de fugitivos internacionales, sino también la manera en que los gobiernos informan y comunican tragedias o hechos de seguridad que desde su misma concepción involucran cooperación transnacional.
El señalamiento de Colombo, en este sentido, se ha interpretado como un desafío directo a la versión ofrecida por la presidencia mexicana y un recordatorio de que, en casos de alto impacto mediático y político, las versiones dominantes pueden divergir de los detalles que emergen en la corte y en las declaraciones de las partes directamente involucradas. A medida que el proceso judicial continúe –con audiencias previstas para las próximas semanas y un juicio tentativamente programado para marzo–, esta disputa narrativa sobre la forma en que se llevó a cabo la detención de Wedding seguirá siendo un elemento central del debate público y diplomático, con implicaciones directas para la percepción de la soberanía mexicana y la colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos.
