Durante la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ante el Senado de la República, el senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, lanzó una de las críticas más directas y estructuradas al desempeño reciente del organismo autónomo, al advertir que tres decisiones y posturas públicas adoptadas en 2025 configuran un patrón preocupante que pone en entredicho la utilidad pública de la CNDH como contrapeso civil frente al poder del Estado.
Desde la tribuna, Colosio sostuvo que la Comisión fue concebida para incomodar al poder cuando vulnera derechos y para acompañar a las víctimas cuando las instituciones fallan, no para alinearse con narrativas oficiales. En ese marco, señaló que lo que está en discusión no es un asunto personal, sino la capacidad real de la CNDH para documentar con rigor, exigir con autonomía y empujar correcciones con consecuencias en los temas más sensibles para el país.
El primer señalamiento del senador se centró en el rechazo de la CNDH a la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Recordó que en abril de 2025 el Comité contra la Desaparición Forzada activó dicho procedimiento para México ante la existencia de información con indicios fundados de una práctica generalizada o sistemática. Subrayó que este mecanismo no constituye un castigo automático ni una sanción política, sino una herramienta prevista por el propio tratado internacional para requerir información, evaluar respuestas y abrir un cauce de cooperación en contextos extremos.
Colosio criticó que la postura pública de la CNDH haya sido calificar esta activación como una intromisión, deslindar al Estado actual del diagnóstico y rechazar la posibilidad de un mecanismo internacional de esclarecimiento solicitado por colectivos de familiares, bajo el argumento de la soberanía. Afirmó que, en un contexto de desapariciones masivas, la soberanía no puede utilizarse como sinónimo de omisión ni de cierre de filas, sino que debe traducirse en resultados verificables en búsqueda efectiva, identificación de personas, investigación de los hechos y reparación integral. Advirtió que el lenguaje institucional importa porque anticipa conductas y que, cuando la autoridad nacional de derechos humanos prioriza descalificar un mecanismo internacional, el mensaje que reciben las familias es que se antepone la defensa de un gobierno a la verdad que llevan años exigiendo.
El segundo eje de su intervención abordó la militarización de la seguridad pública y su impacto en los derechos humanos. Colosio recordó que, desde la ampliación de las tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas, la carga de denuncias por violaciones a derechos humanos ha ido en aumento. Detalló que en 2025 se registraron 908 expedientes de queja en los que se identificó a las Fuerzas Armadas como principales responsables, de los cuales 506 se concluyeron sin que se acreditaran violaciones. Ese mismo año, añadió, la CNDH emitió una Recomendación General dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional y once recomendaciones por violaciones graves dirigidas tanto a la Sedena como a la Secretaría de Marina, aunque cinco de ellas correspondieron a hechos ocurridos entre 2010 y 2013.
Para el senador, estas cifras alertan sobre el riesgo de que, frente a actores con alto poder operativo, control de información y estructuras cerradas, la Comisión termine normalizando el cierre de expedientes sin ofrecer explicaciones públicas claras sobre el método de investigación o la diligencia aplicada. Señaló que las denuncias relacionadas con fuerzas militarizadas, incluida la Guardia Nacional, suelen enfrentar obstáculos recurrentes como la negativa de información, datos incompletos, el silencio forzado de las víctimas y la opacidad de las investigaciones internas, y enfatizó que la razón de ser de la CNDH es atravesar esas barreras, no reproducirlas. A su juicio, la independencia del organismo se pone a prueba precisamente en los casos difíciles, cuando documentar implica insistir, recomendar significa incomodar y la autoridad investigada concentra poder y capacidad de presión.
El tercer punto de mayor tensión fue el pronunciamiento de la CNDH, emitido el 11 de enero de 2025, a favor de la prisión preventiva oficiosa y de su ampliación a más delitos. Colosio sostuvo que esta postura resulta incompatible con el principio de presunción de inocencia y con los estándares internacionales en la materia. Recordó que en México cerca del 47 por ciento de la población penitenciaria se encuentra sin sentencia, lo que equivale a poco más de 40 mil personas privadas de la libertad, muchas de ellas ingresadas al sistema penitenciario precisamente por la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa.
El legislador advirtió que una medida cautelar automática tiende a castigar por adelantado, sobre todo a las personas con menos recursos para defenderse, a quienes enfrentan detenciones deficientes y a quienes quedan atrapados en sistemas de procuración de justicia saturados. Añadió que la reforma constitucional de 2019 estableció un mandato expreso para evaluar la eficacia de esta figura a los cinco años de su entrada en vigor, plazo que ya se cumplió sin que dicha evaluación se haya realizado. En ese sentido, afirmó que defender la prisión preventiva oficiosa sin exigir el cumplimiento de esa revisión equivale a abdicar del estándar mínimo de rendición de cuentas que corresponde a un organismo nacional de derechos humanos.
Hacia el cierre de su intervención, Colosio planteó una crítica adicional sobre el rezago de la CNDH frente a los problemas emergentes del país. Señaló que una parte significativa de las recomendaciones emitidas durante la gestión actual se refiere a violaciones ocurridas hace más de una década y que sólo una corresponde a hechos de la administración en curso, lo que, desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano, evidencia una desconexión con la urgencia y la actualidad de las violaciones que hoy enfrentan las personas.
Con base en ello, el senador cuestionó directamente a la presidenta de la CNDH sobre los criterios que utiliza la Comisión para priorizar sus investigaciones y recomendaciones, y sobre los mecanismos existentes para garantizar que dichas decisiones se basen en la gravedad, la urgencia y la actualidad de las violaciones a derechos humanos, y no en consideraciones políticas que puedan llevar a minimizar hechos atribuibles a la administración actual. La comparecencia dejó así un mensaje claro desde la oposición: México necesita una CNDH autónoma, firme y del lado de las víctimas, capaz de incomodar al poder y de responder a las crisis de derechos humanos que siguen marcando la agenda nacional.
