En medio de uno de los brotes epidemiológicos más significativos que ha enfrentado México en décadas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, protagonizó una nueva controversia al hacer un enérgico llamado a la prensa para que evite titular o enfatizar datos sobre las alcaldías de la capital con mayor número de casos de sarampión, con el argumento de que podría generar estigmatización de territorios y rechazo hacia las personas afectadas por la enfermedad. La petición se dio durante una conferencia de prensa en la que la Secretaría de Salud capitalina, encabezada por Nadine Gasman, se disponía a dar a conocer la distribución de contagios por demarcación territorial, lo que desató críticas y preguntas sobre la gestión de la crisis y la comunicación gubernamental en momentos de alarma sanitaria.
“El llamado fue explícito: ‘solo no estigmaticemos… se va a dar esta información, pero no se vale que, si una alcaldía tiene más (casos), entonces podamos encabezar notas diciendo: tal alcaldía’, porque es muy sensible y puede generar rechazo hacia las personas”, reclamó Brugada, interrumpiendo la intervención de Gasman, quien minutos después informó que Gustavo A. Madero lideraba los contagios con 39 casos, seguida por Álvaro Obregón con 35, Cuauhtémoc con 18 y Miguel Hidalgo con 14.
El llamado de la mandataria capitalina ocurre en un contexto delicado tanto para las autoridades como para la sociedad mexicana. Según el último reporte de la Dirección General de Epidemiología, hasta el 9 de febrero de 2026 el país acumula 8,899 casos confirmados de sarampión en el periodo 2025-2026 y 28 defunciones en siete estados, cifras que reflejan la magnitud del brote que ha puesto en alerta a instituciones de salud públicas y privadas de todo el territorio nacional.
El debate sobre la comunicación de cifras no es meramente semántico: especialistas en salud pública advierten que los brotes de enfermedades altamente contagiosas como el sarampión requieren transparencia epidemiológica, pero también estrategias que no alimenten prejuicios sociales ni excluyan a poblaciones ya vulnerables. En ese sentido, la preocupación expresada por Brugada pone sobre la mesa un dilema complejo: cómo equilibrar la responsabilidad informativa con la sensibilidad social, sin perder de vista el derecho de la ciudadanía a conocer la evolución de una crisis de salud pública que amenaza, especialmente, a niños, jóvenes y población con esquemas incompletos de vacunación.
No obstante, la reacción de la jefa de Gobierno también ha generado críticas de sectores periodísticos y de análisis político, que interpretan su intervención como un intento de moldear la cobertura mediática y restringir la labor informativa en un momento en que la información veraz y detallada puede influir en decisiones individuales que salven vidas. El hecho de que esta no sea la primera controversia de Brugada con la prensa en los últimos días —tras su llamado reciente para “bajarle a la nota roja” en cobertura de inseguridad ante la proximidad del Mundial de Fútbol 2026— alimenta la percepción de que la administración capitalina busca influir de manera significativa en cómo se reportan hechos relevantes para la sociedad.
Mientras tanto, la estrategia pública de salud en la Ciudad de México continúa enfocándose en la intensificación de la vacunación, con la instalación de miles de módulos de inmunización en espacios públicos, centros de transporte masivo y escuelas, en un intento por elevar las tasas de cobertura y detener la propagación del virus. Las autoridades han subrayado que la vacunación es la herramienta más eficaz para frenar la expansión del sarampión y evitar que México pierda el estatus de país libre de la enfermedad, reconocimiento que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud habían otorgado en años recientes.
En este contexto de crisis sanitaria, política y comunicacional, la petición de Clara Brugada plantea debates importantes sobre la función de los medios, la responsabilidad gubernamental y la manera en que se deben manejar los datos sensibles en situaciones que combinan salud pública con factores sociales y políticos de alta complejidad. La tensión entre informar y proteger continúa siendo un desafío central para las autoridades y la prensa en México.
