En una videocharla, el senador Gerardo Fernández Noroña planteó que Julio Scherer Ibarra debería enfrentar prisión por haber publicado su libro Ni venganza ni perdón, lo que ha desatado críticas y defensas cruzadas sobre los límites entre libertad de expresión, responsabilidad política y la moral pública en tiempos de polarización.
La propuesta, difundida por el propio legislador en un video publicado en redes sociales, no es un reclamo aislado: para Noroña, la obra del exconsejero jurídico de la Presidencia —quien durante años fue uno de los hombres de confianza de Andrés Manuel López Obrador— constituye “una deslealtad absoluta” y, en sus palabras, una provocación que va más allá de la simple crítica política. Según el senador, Ni venganza ni perdón no solo revela presuntas irregularidades internas y tensiones en la llamada Cuarta Transformación (4T), sino que implica acusaciones graves que, a su juicio, deben ser sancionadas penalmente para “proteger al pueblo”.
Publicado el 11 de febrero por la editorial Planeta y escrito en coautoría con el periodista Jorge Fernández Menéndez, el libro se presenta como una crónica íntima del paso de Scherer Ibarra por los círculos más cerrados del poder mexicano, con anécdotas sobre decisiones gubernamentales, tensiones internas y la narrativa oficial del obradorismo. En sus páginas, el ex funcionario cuestiona decisiones estratégicas de campaña, describe conflictos con altos mandos de la Fiscalía General de la República (FGR) y narra lo que, desde su perspectiva, fue una campaña de desprestigio en su contra tras su salida de Palacio Nacional en 2021. El texto, lejos de ser un panfleto, busca ofrecer una mirada compleja de la dinámica política al interior del gobierno y sus consecuencias en la escena pública nacional.
Sin embargo, la reacción de Fernández Noroña ha derivado en una controversia más amplia. El senador, conocido por su estilo combativo y por declaraciones polarizantes dentro y fuera del Senado, sostuvo que la crítica dura de Scherer Ibarra a figuras y prácticas del gobierno actual equivaldría a una traición que merece sanción jurídica. Para Noroña, según el video, la obra no solo expone supuestos actos de corrupción, sino que socava la moral pública al revelar, en su lectura, internas y fallas de un proyecto político que él considera fundamental para los sectores populares.
Este planteamiento ha llevado a comentaristas y analistas a cuestionar si una figura pública puede proponer de manera responsable la detención de un autor por publicar una obra de memoria política, por más incisiva que sea. En México, el debate sobre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo y la escritura está respaldado por garantías constitucionales que protegen la crítica y la disidencia, aun cuando estas resulten incómodas para ciertos sectores del espectro político.
Scherer Ibarra, por su parte, ha argumentado que su libro es un ejercicio de memoria política y una narración basada en experiencias personales y observaciones propias, no un documento con ánimo de venganza, como su título sugiere. El texto, además de decir cosas sobre conflictos internos del gobierno de López Obrador, es una reflexión sobre cómo las amistades políticas pueden volverse tensiones insalvables cuando las lealtades se ponen a prueba dentro de la arena pública.
El choque entre la propuesta de encarcelar al autor y la defensa de la libertad de expresión pone en el centro un asunto crucial para la vida democrática: ¿dónde se traza la línea entre crítica política legítima y supuestas ofensas punibles? La respuesta no es simple y el propio debate público lo refleja. Por un lado, figuras como Noroña insisten en que ciertas revelaciones pueden afectar la estabilidad o la legitimidad del proyecto político que apoyan; por otro, sectores amplios de la sociedad, académicos y periodistas advierten que restringir o criminalizar la crítica —sobre todo en forma de libro o ensayo— podría sentar un precedente peligroso para la democracia y la libertad intelectual.
