En el corazón de la alcaldía Miguel Hidalgo, un conflicto inédito por el uso y destino del histórico Parque Lira ha desbordado la tensión entre autoridades municipales y vecinos organizados, detonando una protesta que incluyó un corte de avenida de más de 36 horas y que hoy deja entrever una lucha más amplia sobre el significado de lo público en la Ciudad de México. Lo que la administración del alcalde Mauricio Tabe (PAN) presentó inicialmente como una rehabilitación cultural del espacio, con la instalación del espectáculo privado Alicia en el País de las Maravillas, se ha convertido en el eje de una denuncia ciudadana de privatización encubierta, manejo irregular de permisos y prácticas de desalojo que activistas califican de “limpieza social”.
Desde finales de enero, vallas de alambre, portones con cerrojo y cercos que bloquean el acceso al parque sorprendieron a quienes lo transitan a diario, sin previo aviso ni consulta pública, lo que desató la indignación de residentes de colonias aledañas como Tacubaya, San Miguel Chapultepec y Daniel Garza. Vecinas entrevistadas describen un proceso abrupto y poco transparente: una reunión escueta con funcionarios de la alcaldía el 3 de febrero en la que se les informó sobre la concesión del parque a una empresa privada para montar una experiencia inmersiva de video-mapping, con venta de entradas y la promesa de que parte del supuesto financiamiento se destinaría a la rehabilitación del espacio.
La presencia del alcalde Tabe junto con directores de gobierno, servicios urbanos y medio ambiente de Miguel Hidalgo durante la conferencia de prensa donde se presentó el proyecto reforzó la percepción vecinal de que el anuncio tenía más tintes de operación mediática que de una consulta ciudadana. La empresa organizadora aseveró ante medios que busca posicionar al parque como sede de espectáculos internacionales, una declaración que exacerba los temores de los vecinos sobre una transformación del uso social del parque en algo privativo y lucrativo.
El corazón del conflicto radica en la ausencia de información clara, permisos visibles y una consulta significativa con la comunidad. Vecinos aseguran que en diversas reuniones la alcaldía prometió mostrar los permisos para la obra sin hacerlo, y más bien llevaron a encuentros a personas afines a la administración, lo que deterioró el diálogo y avivó la desconfianza. Además, denuncian que se están vendiendo boletos para el espectáculo pese a que los permisos aún estarían en trámite —una situación irregular que, dicen, apunta a una ocupación unilateral del espacio sin los dictámenes definitivos correspondientes.
La protesta alcanzó un punto crítico el pasado lunes, cuando residentes cerraron la esquina de Avenida Parque Lira y Eje 3 Sur en rechazo al avance de la obra y a lo que llaman un abandono prolongado del parque por parte de las autoridades. En este contexto, personas que vivían en el parque —en situación de calle y vulnerabilidad— relataron que personal de la alcaldía les ofreció dinero informalmente para que desalojaran el área, una práctica que activistas han calificado de “limpieza social cosmética”, ya que desplaza a personas sin que medie un proceso institucional ni garantía de atención a sus derechos.
Las quejas no se quedan solo en el ámbito vecinal. El Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto al alcalde Tabe para que publique el expediente íntegro de la concesión o, de lo contrario, cancele el montaje, calificando la contraprestación de 4 millones de pesos a la alcaldía como “una burla” frente a las ganancias millonarias estimadas por la empresa organizadora. Legisladores morenistas han calificado el proyecto como una privatización del espacio público, señalando que el parque es patrimonio cultural urbano protegido por leyes que obligan a las autoridades a garantizar su conservación comunitaria.
Ambientalistas y activistas han sumado su voz a la protesta, denunciando daños a la flora y fauna local —incluidas ardillas, aves y gatos— y denunciando un ecocidio derivado del montaje, incluidos trabajos de tala y alteración del entorno ecológico del parque, mientras personal de la delegación acusan que los manifestantes son grupos organizados por Morena y vinculados a la jefa de Gobierno.
El descontento, mientras tanto, permanece latente. Una parte de la comunidad vecinal advierte que no se conformará con la versión oficial de que el vallado sea temporal y duren “solo unos meses”, sino que sospecha que puede prolongarse hasta eventos de gran escala como el Mundial de Fútbol 2026, aprovechando la atención mediática y la demanda de espacios para espectáculos.
En estos días, Parque Lira se ha transformado: caminos interrumpidos por alambres de púa, portones cerrados con cadenas, luminarias preinstaladas y presencia de seguridad privada marcan un paisaje que para muchos vecinos simboliza un cambio profundo en el valor comunitario de los espacios públicos urbanamente emblemáticos. Mientras tanto, la discusión se ha precipitado hacia un debate más amplio en la ciudad sobre gentrificación, el papel de la inversión privada en la gestión de bienes comunes y la responsabilidad de las autoridades en garantizar transparencia y participación ciudadana en decisiones que afectan directamente el tejido social y el acceso equitativo a los espacios urbanos.
