El senador de Morena, Javier Corral Jurado, anunció su desistimiento de la impugnación que había promovido para buscar la reapertura del caso en el que denunció a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el presunto delito de secuestro. Con esta decisión, quedó firme la determinación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de no ejercer acción penal contra la mandataria estatal.
A través de un posicionamiento público, Corral explicó que optó por retirar el recurso legal debido a que no deseaba contribuir a lo que calificó como una estrategia de victimización mediática y manipulación política impulsada por la gobernadora. El legislador sostuvo que su decisión responde a una valoración política y jurídica del contexto que ha rodeado el caso desde su origen.
“El desistimiento obedece a la convicción de no contribuir a la tergiversación del legítimo ejercicio de mis derechos en la campaña de victimización mediática y manipulación política de la gobernadora”, expresó el exgobernador de Chihuahua al referirse a la controversia que se derivó de la denuncia presentada en su contra.
La resolución tiene efectos relevantes en el plano jurídico, ya que al retirarse la impugnación queda firme la determinación emitida por la Fiscalía capitalina, la cual había concluido que no existían elementos para proceder penalmente contra Campos. De esta manera, se cierra una de las vertientes legales derivadas del enfrentamiento político y judicial que ambos personajes han mantenido durante los últimos años.
El origen del caso se remonta a agosto de 2024, cuando Corral denunció que había sido objeto de un intento de detención irregular por parte de autoridades de Chihuahua durante una diligencia realizada en la Ciudad de México. Los hechos generaron una disputa entre instituciones de procuración de justicia de distintas entidades y derivaron en una serie de acusaciones cruzadas entre el entonces exgobernador y la administración estatal encabezada por Campos.
En ese contexto, Corral presentó diversas acciones legales y señaló que existían elementos para investigar posibles responsabilidades penales relacionadas con los acontecimientos ocurridos durante aquel operativo. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó posteriormente no ejercer acción penal contra la gobernadora chihuahuense, decisión que el senador buscó revertir mediante una impugnación.
Con el retiro de dicho recurso, el procedimiento queda concluido y la resolución ministerial adquiere carácter definitivo. La decisión también representa un nuevo capítulo en la prolongada confrontación política entre Corral y Campos, quienes han mantenido diferencias públicas desde antes del relevo en el gobierno estatal de Chihuahua.
La relación entre ambos actores políticos ha estado marcada por acusaciones mutuas sobre el manejo de la administración pública, procesos judiciales y presuntas irregularidades ocurridas durante distintas etapas de gobierno en la entidad. En diversas ocasiones, tanto Corral como Campos han recurrido a instancias judiciales y mediáticas para defender sus respectivas posiciones.
Aunque el desistimiento pone fin a esta impugnación específica, el episodio refleja la persistencia de las tensiones políticas que han caracterizado la vida pública de Chihuahua en los últimos años. Por ahora, la determinación de la Fiscalía de la Ciudad de México permanece firme y sin posibilidad de ser revisada dentro de este procedimiento, cerrando así una controversia que había adquirido relevancia nacional por involucrar a dos de las figuras políticas más influyentes del estado.
