La detención de la fiduciaria Zulema Berenice Cortez Silva en Aguascalientes ha colocado bajo escrutinio un entramado de decisiones políticas, disputas legales y responsabilidades contractuales derivadas de un proyecto energético que, pese a haber sido estructurado conforme al marco legal vigente en su momento, nunca logró operar. El caso ha abierto un debate sobre el alcance de la justicia penal en México, particularmente cuando se trata de figuras técnicas cuya función se limita a la administración de recursos.
Cortez Silva, empleada bancaria con dos décadas de experiencia en fideicomisos y madre de una menor de un año y cinco meses, participó como fiduciaria en el instrumento financiero que respaldaba un contrato de generación de electricidad entre el municipio de Aguascalientes y la empresa Next Energy del Centro. En su calidad de fiduciaria, su responsabilidad consistía exclusivamente en administrar los recursos conforme a las condiciones previamente establecidas por las partes: el fideicomitente, encargado de aportar el capital, y el fideicomisario, beneficiario de los pagos. Bajo este esquema, el fiduciario no define los términos del contrato ni interviene en la ejecución del proyecto, limitándose a liberar los recursos cuando se cumplen las condiciones pactadas.
El origen del conflicto se remonta a 2019, cuando el ayuntamiento de Aguascalientes, entonces encabezado por la panista María Teresa Jiménez, suscribió un contrato con Next Energy del Centro para desarrollar infraestructura de generación eléctrica mediante fuentes renovables. El acuerdo, ampliado en 2020, contemplaba la instalación de mil 919 microplantas con más de 60 mil paneles solares en edificios públicos, así como la construcción de un parque fotovoltaico en la zona de Cañada-Honda. Aunque la infraestructura quedó concluida, el sistema no entró en operación debido a la negativa del gobierno federal de otorgar los permisos necesarios, en un contexto de política energética restrictiva hacia la participación privada.
La dimensión política del caso se intensificó en 2022, cuando María Teresa Jiménez contendió y ganó la gubernatura de Aguascalientes. Ese mismo año, el partido Morena, entonces dirigido por Mario Delgado, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción vinculados al contrato. Posteriormente, se acumularon otras denuncias en el mismo sentido.
En paralelo, el municipio de Aguascalientes, ya bajo la administración del también panista Leonardo Montañez, promovió en 2023 un juicio mercantil con el objetivo de frenar los pagos derivados del contrato, argumentando que la empresa no había podido cumplir con la entrega de electricidad debido a la falta de permisos federales. En 2024, el gobierno municipal avanzó con una denuncia por fraude contra el proveedor, lo que derivó en la detención del principal accionista de la empresa. Finalmente, el 2 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República remitió a la Fiscalía estatal la denuncia presentada en 2022, lo que detonó nuevas acciones judiciales.
En este contexto, las autoridades de Aguascalientes procedieron a la detención de Cortez Silva, así como de Nabor Medina Garza y David Alejandro Rodríguez Jacobo, quienes también participaron en la administración del fideicomiso a través de Banco Afirme. La imputación de responsabilidades penales a los fiduciarios ha generado cuestionamientos entre especialistas en derecho financiero, quienes subrayan que el fideicomiso es un vehículo de administración de recursos y no una entidad responsable de la viabilidad técnica o legal de los proyectos que financia. La activista Verónica Cruz Sánchez, integrante del colectivo Las Libres, manifestó que existían convenios formales y que la responsabilidad recaería en la empresa Next Energy, mientras que Zulema sería un “chivo expiatorio” y lo han calificado como “injusticia”.
El caso refleja la superposición de decisiones tomadas en distintos niveles de gobierno y en momentos políticos diferentes. Por un lado, la administración municipal que impulsó el proyecto bajo la premisa de fomentar la generación de energía limpia mediante esquemas de asociación público-privada. Por otro, la política energética federal de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que limitó la participación privada en el sector eléctrico, afectando directamente la operación del proyecto.
La judicialización del conflicto ha derivado en un escenario en el que actores con funciones eminentemente técnicas enfrentan procesos penales, lo que plantea interrogantes sobre la certeza jurídica para quienes participan en instrumentos financieros vinculados a contratos gubernamentales. La situación también ocurre en un momento en que el gobierno federal actual busca promover nuevos esquemas de inversión público-privada, lo que podría verse impactado por la percepción de riesgo legal.
El proceso contra los fiduciarios se mantiene en curso, mientras el caso continúa generando reacciones en los ámbitos político, jurídico y empresarial. La evolución de este expediente será determinante para establecer criterios sobre la responsabilidad penal en la administración de fideicomisos y sobre los límites entre la ejecución de funciones técnicas y la imputación de delitos en proyectos que involucran recursos públicos.
