El panista Fernando Yunes Márquez informó que un juez dictó una orden de aprehensión en su contra por no haber asistido a una audiencia inicial, de la cual asegura no haber sido debidamente notificado. En declaraciones a medios, Yunes Márquez acusó a las autoridades del estado de Veracruz de llevar a cabo una persecución política en su contra.
“Anoche dictaron orden de aprehensión a este tema; primero me declararon sustraído de la justicia porque no asistí a esta audiencia donde no fui notificado, no fui enterado. Me enteré por compañeros de los medios de comunicación y después de esto por la noche ya dictaron la orden de aprehensión”, afirmó en una entrevista radiofónica.
Vale la pena mencionar que la orden de aprehensión se deriva de una investigación donde se le acusa de presuntamente obligar a trabajadores del Ayuntamiento de Veracruz a asistir, en horario laboral, a la campaña de su hermano Miguel Ángel Yunes Márquez en 2021, cuando este contendía por la alcaldía de Veracruz.
El exalcalde de #Veracruz #FernandoYunes fue declarado prófugo de la justicia al no asistir a una audiencia; se le acusa de participar en delitos electorales tras obligar a trabajadores del ayuntamiento a apoyar su hermano Miguel Ángel Yunes en 2021. @franciscozea @ImagenZea pic.twitter.com/WfLp2T7HGl
— Imagen Televisión (@ImagenTVMex) July 17, 2024
Cabe recordar que además de esta nueva orden de aprehensión, Yunes Márquez mencionó que también enfrenta otro cargo judicial por estar supuestamente relacionado con la construcción de una torre en el centro de la ciudad durante su gestión como alcalde.
“Esa autorización no se dio en mi gobierno, fue en el gobierno anterior, que también hay que decir, no cometieron ningún delito; es una función, una facultad que tiene el cabildo para hacerlo”, explicó.
El político veracruzano, quien pronto asumirá como diputado local, aseguró que las acusaciones en su contra son parte de una estrategia de persecución política por parte de las autoridades estatales, a las cuales acusó de utilizar recursos de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial para atacar a opositores.