Un juez de control vinculó a proceso a Alejandra “N”, ex candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Nicolás, por el presunto delito de violencia política en razón de género contra la diputada panista Lilia Olivares. La decisión judicial ha provocado un fuerte pronunciamiento del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien calificó el proceso como una persecución política.
La ex candidata y actual directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico (Codetur) enfrenta medidas cautelares que incluyen la presentación periódica ante las autoridades y la prohibición de acercarse a la legisladora del PAN. Aunque se buscaba la prisión preventiva, esta no fue concedida.
El caso se remonta a octubre de 2023, cuando, en el marco del proceso electoral, Alejandra “N” habría hecho comentarios despectivos sobre la capacidad de Olivares para tomar decisiones sin consultar a sus superiores. Tras una denuncia en la Fiscalía y una inhabilitación de nueve meses por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el caso escaló hasta llegar a la vinculación a proceso.
— César Cepeda (@cesarmty) January 22, 2025
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Jueza vincula a proceso @alemoralesmx titular de la Corporación de Turismo del Gobierno de @samuel_garcias por el delito de violencia verbal en contra de la diputada del PAN @LilyOlivaresC.@MovCiudadanoNL calificó la medida como un acto de persecución política… pic.twitter.com/ZM8WoduToR
Samuel García salió en defensa de la emecista a través de un video en redes sociales, donde denunció que la Fiscalía y el Poder Judicial están alineados con los intereses del PRI y PAN para atacar a miembros de su administración. Además, aseguró que brindará todos los recursos legales necesarios para respaldar a Alejandra “N” y a otros funcionarios que considera perseguidos políticamente.
La controversia se enmarca en un contexto tenso en Nuevo León, donde recientemente un director de la Secretaría del Trabajo fue enviado a prisión preventiva, aunque posteriormente una jueza federal le otorgó una suspensión provisional por considerar que la medida fue arbitraria e ilegal.
El caso de Alejandra “N” no solo enfrenta un proceso judicial, sino que también se ha convertido en un nuevo episodio de la disputa política en Nuevo León.
