Tras la confirmación del triunfo de Adrián de la Garza en las elecciones municipales de Monterrey por parte del Tribunal Electoral del Estado (TEE), la excandidata de Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez, ha calificado la resolución de una “injusticia” y ha anunciado su intención de impugnar la elección ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Rodríguez, quien se había manifestado previamente en contra de los resultados, expresó su descontento a través de redes sociales, señalando que su lucha no se centra en ganar la elección sino en obtener justicia para las personas que, según ella, fueron víctimas de actos violentos durante el proceso electoral.
“Estamos viviendo una injusticia más. El Tribunal Electoral de Nuevo León resolvió a favor de los delitos que cometieron Adrián de la Garza y el PRI, usando la Fiscalía para robarse la elección de Monterrey. Esto no se trata de ganar o perder una elección, se trata de luchar por las personas inocentes que fueron víctimas de estas injusticias. Confío en que la siguiente instancia hará justicia”, escribió Rodríguez.
Rodríguez había presentado 23 razones para impugnar la elección, incluyendo acusaciones de quema de vehículos y detenciones ilegales presuntamente orquestadas por el equipo de Adrián de la Garza. Sin embargo, el tribunal consideró estas alegaciones como poco verosímiles y sin pruebas suficientes.
Hoy el TEE resolverá la impugnación a la elección de Monterrey, quiero pedir a la y los magistrados que no olviden la violencia que el PRI usó contra personas inocentes y la que ejercieron hacia mi solo por ser mujer. Esta lucha es por Monterrey.
— Mariana Rodriguez Cantu (@marrdzcantu) August 14, 2024
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Cabe recordar que la resolución del TEE, anunciada por unanimidad el lunes, ratificó el triunfo de De la Garza, quien es miembro del PRI. El tribunal estatal concluyó que no se cumplían los requisitos necesarios para declarar la nulidad de la elección, ya que el TEE argumentó que no se habían vulnerado los derechos políticos-electorales de los militantes de Movimiento Ciudadano y funcionarios de casilla.